El pasado sábado se informó que el Poder Judicial de Córdoba sufrió un ataque de ransomware, como parte de un nuevo movimiento de ransomware ‘Play’. El hecho no solo provocó que fueran cerrados los sistemas informáticos y el portal principal, sino que también los documentos oficiales debieron ser presentados a mano por el apagón sufrido.
Según el medio Cadena 3, el Poder Judicial llevó a cabo un “Plan de Contingencia de Ciberataque” en el que pudo confirmar que se trató de un ataque de ransomware, y se comprometió con empresas como Microsoft, Trend Micro, Cisco y especialistas locales en investigar el hecho. En una sección de Google se leyó que “el ciberataque sufrido por la infraestructura tecnológica de la Corte de Córdoba el sábado 13 de agosto de 2022 por un ransomware que ha comprometido la disponibilidad de sus servicios informáticos”.
Según diversos portales de noticias, se trató de uno de los más graves ataques a las instituciones públicas en la historia de Argentina, ya que afectó los sistemas informáticos y sus bases de datos. Y aunque el Poder Judicial no ha revelado detalles del hecho, el periodista Luis Ernest Zegarra publicó en su Twitter que la extensión “.Play” a los archivos encriptados está asociada con esta nueva operación de ransomware que se lanzó en junio de 2022, por la cual múltiples víctimas comenzaron a publicar y descubrir sus ataques en foros como BleepingComputer.
Cabe destacar que estas operaciones normalmente ponen en peligro una red entera y cifran los dispositivos, que es cuando el ransomware agrega la extensión “.Play” en este caso. Sin embargo, en esta ocasión no hubo largas notas de rescate para agravar las amenazas, sino que en una de las notas que se crea en la raíz de un disco duro contiene la plata “JUGAR” y una dirección de correo electrónico.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que una agencia gubernamental de nuestro país sufre un ataque de ransomware de este estilo, ya que en septiembre del año 2020 la banda Netwalker atacó la Dirección Nacional de Migraciones y exigió un rescate de $4 millones.
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