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“Refuerzo del control judicial” es la principal medida que ha decretado el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, para la reforma de los servicios secretos tras el escándalo de hackeos a teléfonos móviles de diferentes políticos.
En abril el escándalo trepó hacia niveles alarmantes cuando se filtró que los servicios de inteligencia de España habían intervenido los móviles de dirigentes del separatismo catalán, inundando el escenario de fortísimas denuncias de espionaje.
Para colmo, esto se complementó con la confirmación gubernamental de que el teléfono de Sánchez, así como de miembros de la cartera de Defensa e Interior, habían sido vulnerados a partir de un ataque externo que hackeó sus celulares.
La medida de refuerzo judicial para un mejor monitoreo y transparencia de los servicios de inteligencia tiene un doble fin: esclarecer que ocurrió con las vulneraciones a dispositivos móviles de miembros del gobierno, así como pacificar el intercambio con los independentistas, enfurecidos por la intervención a sus teléfonos.
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