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Tras el primer brote de Covid-19, Corea del Norte ha tomado múltiples medidas restrictivas en el país, las cuales han sido catalogadas negativamente por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya que podrían tener un “impacto devastador” para los ciudadanos.
Según la portavoz de esta Oficina, Liz Throssell, el país carece de infraestructura y no tiene la capacidad de prueba ni los medicamentos esenciales para afrontar la crisis. Además, afirmó que Corea del Norte cerró sus fronteras y restringió el acceso a alimentos y medicinas mientras reprimía los derechos civiles.
Throssell citó una cifra publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), administrada por el Estado, que confirmaba el fallecimiento de al menos 56 personas por Covid-19, y que más de 660.000 personas están en tratamiento por la fiebre.
Pero Throssell se mostró preocupada por la situación en general, al igual que la ONU, ya que Corea del Norte no cuenta con las vacunas necesarias para afrontar esta nueva crisis. En este sentido, la Oficina de Derechos Humanos instó a Pyongyang a garantizar que todas las medidas adoptadas frente a la pandemia sean “necesarias, proporcionadas, no discriminatorias, limitadas en el tiempo y estrictamente en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Estas últimas declaraciones se alinearon con otra preocupación de Throssell, que afirmó que hubo un “aumento en la represión de los derechos civiles y políticos durante este período”, lo cual incluyó una política que “autoriza el uso de la fuerza letal contra las personas que intentan salir o entrar al país”.
Las últimas restricciones conocidas incluyen poner a las personas bajo un aislamiento más estricto e imponer más restricciones de viaje con graves consecuencias. “Los detenidos también están particularmente expuestos al riesgo de infección debido a las altas concentraciones de personas en espacios confinados y al acceso limitado a la higiene y la atención médica”, afirmó.
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