Según documentos oficiales de Naciones Unidas (ONU), la organización propuso pagar casi 6 millones de dólares a los talibanes por “protección y seguridad”. El monto estaría dirigido al Ministerio del Interior, cuyo jefe está sancionado por ONU y es buscado por el FBI. 

Se estima que estos fondos se pagarían el año próximo, puntualmente para subsidiar los salarios de los combatientes talibanes que protegen las instalaciones de la ONU en el país, como también para proporcionarles una asignación mensual en alimentos. 

Asimismo, se trataría de una ampliación del acuerdo con el antiguo gobierno afgano respaldado por Estados Unidos, frente a los recortes de la ayuda financiera internacional hacia el país luego de la toma del poder por parte de los talibanes. 

Frente a esta situación, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, emitió diversas declaraciones. Respondió a Reuters que “las Naciones Unidas tienen el deber como empleador de reforzar y, cuando sea necesario, complementar la capacidad de los estados anfitriones en circunstancias en las que el personal de la ONU trabaja en áreas de inseguridad”. 

Haq también afirmó que el presupuesto de la Misión de Asistencia de la ONU a Afganistán (UNAMA) “está actualmente bajo revisión” aunque la misión “mantiene el pleno cumplimiento de todos los regímenes de sanciones de la ONU”. 

Además, los fondos propuestos ayudarían a los talibanes a reforzar su protección hacia 3.500 miembros del personal diplomático en Kabul y a otras diez oficinas de la organización en el país. 

El documento de la ONU que confirma el presupuesto afirma que “constituye pagos con respecto a complementar los recursos de la nación anfitriona para su responsabilidad principal de proteger al personal de la ONU”. 

Así, la UNAMA gastaría casi dos millones de dólares adicionales para “servicios similares” fuera del presupuesto de seguridad propuesto (y compartido con otras agencias de la ONU). 

Sin embargo, el documento prevé que estos fondos se paguen directamente a los destinatarios “y no a través de las autoridades de facto”. 

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Redacción
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