Ya han pasado 30 años desde la firma del Tratado de Asunción (marzo de 1991) que daba luz a uno de los procesos de integración regional latinoamericano más prometedor de la historia, el Mercosur. Los cuatro países integrantes (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) fijaban así sus principales pretensiones y deseos en un proyecto ambicioso pero plausible. Se proponían establecer una zona de libre comercio para diciembre de 1994 que diera lugar a la creación de una unión aduanera poco tiempo después, lo que suponía, por tanto, pactar un arancel externo común y una política comercial externa común. Tres décadas después, no solo no se han conseguido tales objetivos, sino que se plantea una disyuntiva entre disolución o modernización de la organización.
Pero no todo ha sido fracasos, en los últimos años el Mercosur ha conseguido abrir las economías de la región, generando un aumento del comercio intrarregional por una importante baja de los aranceles internos. Prueba de ello es que entre 1991 y 1998 las exportaciones intrazona del bloque crecieron a una tasa promedio anual del 22%, pasando de representar el 11% de las exportaciones totales en 1991 al 25% en 1998, mientras que las exportaciones al resto del mundo lo hicieron a una tasa promedio de tan solo el 6% . A su vez, el flujo de comercio intrarregional pasó de u$s 4,1 mil millones en 1990 a u$s 20,3 mil millones en 1997.
Otro componente tiene que ver con la institucionalidad del Mercosur, ámbito donde se han alcanzado algunos logros nada despreciables, como la conformación de una secretaría, un parlamento aún en desarrollo, así como un gran número de órganos, fondos y programas que siguen operativos y en proceso de ampliación. A pesar de ello, muchas de las normas emanadas de estas instituciones supranacionales han encontrado dificultades para su internalización en los ordenamientos jurídicos de los países miembros.
Quizás, como ocurre en los matrimonios en crisis, la puesta en valor de lo logrado, la relación favorable en la balanza de costo-beneficio ante una ruptura, y la esperanza de aún conseguir conjuntamente nuevas metas sea lo que mantenga este proyecto en pie. Pero lo que es innegable es la existencia de una crisis, más tras las recientes declaraciones de los presidentes de Argentina, Uruguay y Brasil.
El 24 de abril de este año el gobierno de Argentina comunicó a sus pares del Mercosur que su país abandonaba las negociaciones de acuerdos comerciales conjuntos en proceso y las futuras negociaciones. Poco después Argentina recálculo su posición y anunció que seguiría formando parte de las negociaciones externas. Más allá de la incertidumbre que generan este tipo de indecisiones, precisamente es en el ámbito de la agenda externa donde el Mercosur ha mostrado sus resultados más pobres (con la excepción de la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio -EFTA).
Esta falta de consenso en materia de política exterior, es la que ha llevado a Uruguay a entablar una negociación bilateral con China para cerrar un acuerdo de libre comercio. La noticia no es menor, ya que el gobierno de Lacalle Pou está rompiendo con esta acción la Decisión del Consejo del Mercado Común 32/00, que reafirma “el compromiso de los Estados Partes del MERCOSUR de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países”.
Por su parte, Brasil ha anunciado que va a rebajar unilateralmente el arancel a las importaciones en un 10% para promover un “shock” de oferta que consiga frenar la escalada inflacionaria en el país. Para sortear la legislación del Mercosur, el gobierno de Jair Bolsonaro, ha recurrido al artículo 50 del Tratado de Montevideo (1980) que prevé la posibilidad de reducir tarifas excepcionalmente para la “adopción de medidas para proteger la vida y salud de las personas”. No obstante, la decisión de Brasil ha sido suavizada por el gobierno de Alberto Fernández que ha exigido excluir de la rebaja arancelaria a sectores como el automotor, el textil y el del calzado, con el fin de proteger el trabajo y el empleo argentinos.
De esta forma Brasil y Uruguay presionan para que se lleve a cabo una flexibilización del Mercosur, quizás la única salida posible en esta coyuntura. La flexibilización conllevaría la reducción del arancel externo común y la posibilidad de los distintos países integrantes de realizar tratados de libre comercio con países terceros, sin tener que pedir autorización al Consejo del Mercado Común.
La realidad es que actualmente persisten las barreras a la libre circulación de bienes y servicios que reducen considerablemente los beneficios de un comercio intrarregional, y a su vez el elevado arancel externo común del 13%, que prácticamente triplica el promedio global del 5%, es incompatible con una mayor competitividad. Pero el problema principal reside en la baja institucionalización del proceso de integración que concede una excesiva importancia a la afinidad ideológica de los distintos dirigentes de los países integrantes.
Los momentos de mayor avance en el proceso de integración han sido durante la década liberal de los 90 y posteriormente durante la década nacional-popular de los 2000. En tiempos de discrepancia ideológica entre los distintos integrantes el proceso se ha frenado, entrando en crisis, e interrumpiendo una continuidad que es imprescindible.
La única forma y el necesario punto de inicio para una recuperación es fortalecer las instituciones supranacionales del Mercosur, lo que permitiría que el proyecto no se viera afectado por los virajes ideológicos. Una vez sentada esta base, se debería continuar el camino hacia el mercado común, que daría una posición fuerte a la región para negociar, algo que, en un mundo tendente a la macroregionalización, con la consecuente desintegración de la figura del Estado, se antoja una necesidad más que una posibilidad. La posibilidad de la desaparición de esta asociación no parece que vaya a llegar en el corto plazo, pero sí podría ser superada por proyectos más interesantes y dinámicos.
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