Al menos dos personas murieron y no menos de 450 fueron detenidas el lunes en Santiago y otros lugares de Chile, cuando los manifestantes salieron a las calles para conmemorar el segundo aniversario de las revueltas populares que dieron lugar a una serie de cambios, incluida una reforma constitucional que se está redactando.
Los manifestantes se enfrentaron a la policía en las calles de la capital chilena, que utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos. Los activistas exigían la liberación de los detenidos durante la revuelta de 2019 y también denunciaban la impunidad en la represión policial.
El acto del lunes tuvo lugar a poco más de un mes de las próximas elecciones presidenciales del 21 de noviembre.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera condenó los incidentes, que incluyeron saqueos en pequeños comercios además de ataques contra una comisaría y una oficina gubernamental, además de daños en semáforos y paradas de transporte público.
Una de las muertes se produjo durante el saqueo de un negocio de Santiago en la comuna de Peñalolén, mientras que el segundo caso fue el de una mujer de 23 años, que circulaba en moto y chocó contra un cable de acero en el sector sur de Santiago.
El general de Carabineros, Marcelo Araya, también informó este martes a los medios de comunicación que hubo 11 civiles y 45 funcionarios de las fuerzas del orden heridos y que se realizaron 450 detenciones, 279 de ellas en Santiago. De los detenidos, 244 fueron por saqueos, 94 por desórdenes, 16 por barricadas y 14 por maltrato policial.
El general Araya mencionó 486 incidentes en los que intervinieron 2.500 vehículos policiales y otros recursos, incluidos aviones, y unos 20.000 agentes.
Repercusiones por parte del gobierno y la oposición
El candidato presidencial de la izquierda, Gabriel Boric, señaló que “la violencia y la destrucción de [elementos] comunes no es ni será nuestro camino, que sólo sirve a los que quieren que todo siga igual”.
“Es en la unidad y en el respeto mutuo que podremos construir un Chile digno y justo para todos”, agregó.
Yasna Provoste, de la centroizquierda chilena, dijo que “como todo Chile sabe, apoyo el legítimo derecho a la manifestación social, pero con la misma decisión rechazo toda forma de violencia política y con más fuerza condeno todo acto de saqueo, destrucción y delincuencia común, que nada tiene que ver con la legítima movilización” y culpó al gobierno de Piñera de no mantener el orden y distinguir a los manifestantes de los delincuentes, que “deben ser prontamente perseguidos y castigados.”
Sebastián Sichel, del partido de Piñera, afirmó que “la violencia nunca será el camino, ni el silencio cómplice, ni siquiera los indultos para quienes destruyen lo que es de todos. Somos muchos más los que queremos vivir y trabajar en paz”.
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que “hoy no es un día de celebración, es un día de condena”.
“Chile no quiere más violencia. A dos años del estallido criminal, nos atrevemos a decir basta a los violentos que infunden terror” y dicen querer vivir en paz, agregó Kast.
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