A dos días de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, ex funcionarios, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore; los diputados de oposición anunciaron que presentarán una Acusación Constitucional contra el Presidenta Sebastián Piñera, uno de los mencionados por el informe.
En particular se menciona que la familia del Presidente Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.
La indagatoria reveló que en diciembre de 2010 Délano -amigo del jefe de Estado- compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia Piñera-Morel, en US$152 millones; y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión.
Es a raíz de estos antecedentes -que según el Mandatario, no constituyen delito, ya que estaban en conocimiento de la justicia, la que sobreseyó el caso-, que parlamentarios del bloque opositor resolvieron impulsar la acción.
En respuesta por parte del gobierno, el ministro Juan José Ossa, dijo que la herramienta constitucional “está siendo utilizada para fines políticos y electorales, a pocas semanas de una elección parlamentaria y presidencial”, dijo reiterando la defensa ya realizada desde Presidencia.
“Eso es tan obvio, que cuando se conoció esta noticia el domingo en la tarde, ya el lunes en la mañana se anunciaban acusaciones constitucionales. Sabemos que ninguno de los antecedentes conocidos como los Pandora Papers añadió nada nuevo que no hubiese conocido la justicia ni la opinión pública”, expresó negando que amerite que se impulse un líbelo.
“Lamentamos que diputados de oposición no hayan querido oír que jamás, ni el Presidente ni familiares de él, crearon una sociedad para este propósito en el extranjero. Esta sociedad fue creada por quienes hicieron este fondo de inversiones y son los señores Larraín-Vial. (…) Creemos que estar haciendo uso electoral de esta manera, es realmente es algo que no ayuda a la democracia ni al país”, sentenció Ossa.
Desde el oficialismo, el diputado Leopoldo Pérez manifestó y recordó “Para que la ciudadanía lo tenga claro, se necesitan solo diez firmas para una Acusación Constitucional, o sea se juntan 10 firmas y acusan a un Presidente de la República. (…) es muy fácil acusar, generar el punto político. Desvían la atención del país hacia un tema puntual. (…) Aparecen los partidos de la ex Concentración porque ellos no han podio despegar, y obviamente que el Frente Amplio y el Partido Comunista se van a sumar a cualquier iniciativa que sea desestabilizar un país, desestabilizar un gobierno, porque es parte de su ADN”, agregó calificando la acción como un “despropósito”.
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