La Corte Penal Internacional ha autorizado una investigación formal sobre la controvertida guerra antidroga de Filipinas que ha provocado indignación internacional.
Según el recuento oficial, al menos 6.000 filipinos, en su mayoría vendedores de drogas y adictos pobres, han muerto en las operaciones policiales antidroga. Pero los grupos de derechos estiman que el número de víctimas podría ser cuatro veces mayor.
La decisión de la CPI del miércoles representa un giro dramático para el presidente filipino Rodrigo Duterte, el arquitecto de la sangrienta represión. Los investigadores se centrarán en el periodo comprendido entre 2016, cuando asumió el cargo, y marzo de 2019, tras lo cual se consideró que Filipinas se había retirado de la CPI en un intento de evitar su jurisdicción.
Los fiscales también examinarán la campaña antidroga que Duterte llevó a cabo como alcalde de la ciudad de Davao entre 2011 y 2016.
Diane Orentlicher, profesora de derecho internacional de la American University, dice que ampliar el marco temporal de la investigación ayuda a establecer que la guerra nacional contra las drogas fue una continuación del enfoque agresivo desplegado por primera vez en la ciudad de Davao.
La Sala de Cuestiones Preliminares dijo que, basándose en lo que ha surgido, la campaña antidroga de Filipinas “no puede considerarse una operación legítima de aplicación de la ley” ni los asesinatos “meros excesos en una operación por lo demás legítima”. Más bien, dijo que indican un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Duterte acusa a la CPI de inmiscuirse en los asuntos internos de Filipinas y ha prometido prohibir a los investigadores la entrada en el país.
Sin embargo, los observadores del tribunal dicen que no es inusual que la justicia ante la CPI tarde años. Y el mandato de Duterte expira en junio de 2022, en menos de nueve meses. Los analistas afirman que ahora está centrado en encontrar un sucesor que pueda protegerse del enjuiciamiento.
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