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El pasado martes, la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó que Biden debe cumplir con el fallo del tribunal inferior que busca restablecer el programa “Permanecer en México” para solicitantes de asilo.
Se trata de una política llevada a cabo por el ex presidente Donald Trump que requería que muchos solicitantes de asilo esperaran fuera del país las decisiones sobre sus casos particulares.
Desde la administración Biden se pidió a la Corte que suspendiera la orden de un juez federal, la cual buscaba implementar de inmediato el programa “Permanecer en México”, también llamado Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).
El juez que había emitido la orden es Matthew Kacsmaryk, quien dictaminó a principios de agosto que la administración Biden “no proporcionó una razón adecuada para deshacerse de la política”. Además, afirmó que los procedimientos con respecto a los solicitantes de asilo que ingresaran al país eran ilegales.
La mayoría conservadora del tribunal admitió que Biden “no demostró ninguna probabilidad de éxito en el reclamo de que el memorando que rescindía los Protocolos de protección al migrante no era arbitrario ni caprichoso”.
Pese a que la Corte Suprema supo tener sus diferencias con la administración Trump en torno al programa MPP, en esta ocasión se juzgó el accionar del actual mandatario.
Además, poco después de asumir su cargo en enero, Biden afirmó que la administración no continuaría inscribiendo a migrantes en el MPP y ordenó una revisión del programa. Tanto el mandatario como otros grupos de derechos de inmigración supieron criticar las políticas de inmigración implementadas por Trump como “contraproducentes”.
Asimismo, diversos grupos de derechos de inmigración denunciaron la orden de la Corte Suprema del martes e instaron a la administración a continuar sus esfuerzos para rescindir el programa en lugar de implementarlo.
Cabe destacar que, si bien se comprometió durante la campaña a poner fin al programa de la era Trump, Biden continuó con la política de la administración anterior de expulsar a los migrantes de la frontera sur con el argumento de “prevenir una mayor propagación del coronavirus”.
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