El reciente gobierno interino de Bolivia persiguió a los opositores con “torturas sistemáticas” y “ejecuciones sumarias” por parte de las fuerzas de seguridad en el tumultuoso período posterior a la renuncia de Evo Morales en 2019, según un nuevo informe de expertos independientes en derechos humanos.
El informe, de 471 páginas, es el más completo hasta ahora para examinar los acontecimientos que rodearon la disputada votación presidencial de 2019, cuando la estrecha elección de Morales para un cuarto mandato sin precedentes desencadenó protestas generalizadas espoleadas por fuertes acusaciones internacionales de fraude en la votación, afirmaciones que posteriormente fueron cuestionadas por expertos electorales extranjeros.
El informe, presentado el martes en La Paz en un acto al que asistió el nuevo presidente Luis Arce, fue encargado por el principal organismo de control de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos en virtud de un acuerdo con el anterior gobierno interino dirigido por Jeanine Áñez.
Es probable que las conclusiones del panel de cinco miembros sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaban bajo la dirección del gobierno interino envalentonen a los partidarios de Morales y Arce, que desde hace tiempo sostienen que Áñez tomó el poder mediante un golpe de Estado respaldado tácitamente por la administración Trump.
También es probable que reduzca las críticas del gobierno de Biden y otros que sugieren que el encarcelamiento de Áñez por cargos de sedición y terrorismo relacionados con los disturbios tuvo una motivación política.
“Este informe, exhaustivamente documentado, deja las cosas claras”, dijo Kathryn Ledebur, que dirige la Red de Información Andina en Bolivia y ha sido una dura crítica de Áñez.
Ledebur, una estadounidense que ha vivido en Bolivia durante décadas, dijo que encuentra la política de Estados Unidos hacia Bolivia especialmente decepcionante debido a los paralelismos entre la forma en que el gobierno de Áñez difundió información errónea e intervino en el poder judicial para atacar a los opositores y los intentos del ex presidente Donald Trump de aferrarse al poder tras su derrota el año pasado.
“En lugar de sugerir que el arresto de Áñez fue motivado políticamente, Estados Unidos debería hablar sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Áñez y su ilegalidad”, dijo Ledebur.
Tras la detención de Áñez en marzo, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo en Twitter que estaba “profundamente preocupado por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y politización” del sistema de justicia de Bolivia.
El informe también detalla ejemplos de fuerza excesiva por parte de la policía, incluido el uso de munición letal, para reprimir a los partidarios desarmados de Morales que salieron a las calles. Al menos 20 personas murieron en dos incidentes que los expertos calificaron de “masacres” perpetradas por las fuerzas de seguridad que actuaban bajo la autoridad de un decreto firmado por Áñez que garantizaba la amnistía para quienes trabajasen en el restablecimiento del orden público.
El informe destaca como factores agravantes la profunda polarización política que rodea a la modificación de la Constitución por parte de Morales para buscar un cuarto mandato, el racismo profundamente arraigado contra sus seguidores indígenas y la tradicional debilidad de las instituciones.
Sin embargo, critica específicamente a los funcionarios de Áñez por utilizar el poder judicial y las fuerzas de seguridad para atacar a los opositores, a menudo basándose en pruebas poco sólidas. También encontró pruebas de que las detenidas fueron amenazadas con ser violadas y sometidas a tocamientos genitales.
El informe contiene 36 recomendaciones, entre las que se incluye la petición de indemnizar a las víctimas de la violencia estatal, una investigación exhaustiva de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad y una mayor independencia de los fiscales y los jueces.
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