El gobierno mexicano demandó el miércoles a varios de los principales fabricantes de armas con sede en Estados Unidos, alegando que los laxos controles contribuyen al flujo ilegal de armas a través de la frontera.
La inusual demanda -presentada en un tribunal federal estadounidense de Boston- busca una compensación económica no especificada de las empresas, pero no apunta al gobierno de Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas argumentan que las armas de fabricación estadounidense han alimentado una explosión de homicidios en esta nación durante la última década. Alrededor de 2,5 millones de armas estadounidenses ilícitas han cruzado la frontera durante ese periodo, según un estudio del gobierno mexicano publicado el año pasado. La venta legal de armas en México está muy restringida.
“Si no presentamos una demanda como ésta y la ganamos, nunca lo van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y seguiremos teniendo muertes todos los días en nuestro país”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en una conferencia de prensa.
La acción legal “envía una declaración y crea un punto de presión con la administración de Biden”, dijo Alejandro Hope, un consultor de seguridad con sede en la Ciudad de México. “Pero no creo que el gobierno mexicano espere ganar”.
La demanda nombra a empresas como Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Glock y Colt’s Manufacturing Co.
Además de los daños financieros -que las autoridades mexicanas estiman que podrían ascender a 10.000 millones de dólares si la acción legal tiene éxito- la demanda también busca controles más estrictos sobre las ventas y mejores características de seguridad en las armas.
Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios. En un comunicado, la National Shooting Sports Foundation, una asociación comercial de la industria estadounidense de las armas de fuego, rechazó las afirmaciones de que los fabricantes de armas estadounidenses fueron negligentes.
“Estas acusaciones no tienen fundamento”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y consejero general del grupo. “El gobierno mexicano es responsable del crimen y la corrupción desenfrenados dentro de sus propias fronteras”.
El tráfico transfronterizo ha creado un creciente fondo de armas que circulan entre los grupos armados de México. La facilidad con la que los cárteles mexicanos pueden acceder a armas de grado militar ha alterado fundamentalmente el reto al que se enfrentan las fuerzas de seguridad del país.
La demanda sostiene que los fabricantes de armas estadounidenses “son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas” en México, según un documento de la Cancillería.
El tráfico de armas no es lo único que aviva la violencia en México. La naturaleza del tráfico de drogas ha cambiado en los últimos años, con la división de los cárteles en grupos más pequeños y enfrentados que se han diversificado en la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales.
Los sucesivos presidentes mexicanos han tratado de frenar la violencia revisando el sistema de justicia, deteniendo a los capos del narcotráfico y ofreciendo programas de empleo para alejar a los jóvenes de la delincuencia. Pero han conseguido pocos resultados. Los analistas de seguridad dicen que el gobierno no ha tenido la voluntad política de llevar a cabo una transformación más profunda de los tribunales y la policía.
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