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El Tribunal Supremo de Israel debe tomar una decisión sobre el desalojo de familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, en una última vista del controvertido caso que contribuyó a desencadenar la violencia comunal dentro de Israel y una nueva guerra con Hamás a principios de este año.
Se espera que se emita un veredicto sobre el polémico caso, que podría llevar a que los actuales residentes del barrio sean desplazados a la fuerza para dejar paso a colonos judíos en una disputa que dura ya décadas.
La sentencia se retrasó en mayo, cuando el fiscal general del Estado solicitó en el último momento más tiempo para estudiar el caso. Pero para entonces la ira por los desalojos previstos había provocado algunos de los peores disturbios de Jerusalén en años, en los que cientos de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía.
Las protestas de Sheikh Jarrah coincidieron con la decisión de prohibir las reuniones tradicionales del Ramadán en los lugares sagrados de Jerusalén y con las marchas y disturbios de grupos judíos de extrema derecha, en una violencia que derivó en un enfrentamiento de 11 días con Hamás en la franja de Gaza, en el que murieron 254 palestinos y 13 personas en Israel.
No obstante, el caso está siendo observado con nerviosismo por las comunidades de toda la ciudad, que aún se resienten de la violencia de principios de año. Desde los enfrentamientos de mayo, Sheikh Jarrah ha estado bajo un bloqueo policial que, según los residentes, equivale a un asedio.
En la zona viven principalmente palestinos, pero los colonos israelíes se han instalado en algunas de sus propiedades, alegando que eran propiedad de judíos antes de la guerra de 1948.
En una decisión criticada por los grupos de derechos como “un intento cínico de eludir la responsabilidad”, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, dijo en junio que no intervendría en la cuestión de Sheikh Jarrah. Los medios de comunicación israelíes informaron de que su oficina había llegado a la conclusión de que no había medios legales para impedir los desalojos.
Ershid y su socio han presentado un nuevo dictamen jurídico que sugiere que los actuales residentes de Sheikh Jarrah tienen plenos derechos de propiedad sobre sus viviendas porque el gobierno jordano concedió la titularidad y comenzó a registrar las propiedades antes de que el proceso se interrumpiera en la guerra de 1967.
Sin embargo, los tribunales inferiores han sostenido que las propiedades son propiedad de la empresa israelí Nahalat Shimon.
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