La mayoría de los países que negocian una revisión global de los impuestos a las multinacionales han respaldado los planes de nuevas normas sobre el lugar donde se gravan las empresas y un tipo impositivo de al menos el 15%, según declararon el jueves tras dos días de conversaciones.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París y anfitriona de las conversaciones, afirmó que un impuesto mínimo mundial sobre la renta de las empresas de al menos el 15% podría generar unos 150.000 millones de dólares anuales de ingresos fiscales adicionales en todo el mundo.
Según la organización, 130 países, que representan más del 90% del PIB mundial, han respaldado el acuerdo en las conversaciones.
Las nuevas normas sobre el lugar de tributación de las mayores multinacionales trasladarían los derechos de tributación de más de 100.000 millones de dólares de beneficios a los países donde se obtienen.
“Con el establecimiento de un impuesto mínimo global, las empresas multinacionales ya no podrán enfrentar a los países entre sí en un intento de reducir los tipos impositivos”, dijo el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado.
“Ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición”, añadió.
Una fuente cercana a las conversaciones dijo que habían sido necesarias duras negociaciones para conseguir que Pekín aceptara. Un funcionario de la administración estadounidense dijo que el acuerdo no incluía excepciones o exenciones específicas para China.
Impuesto mínimo de sociedades
El impuesto mínimo de sociedades no obliga a los países a fijar sus tipos en el mínimo acordado, sino que da a otros países el derecho a aplicar un gravamen superior al mínimo sobre los ingresos de las empresas procedentes de un país que tenga un tipo inferior.
El Grupo de las Siete Economías Avanzadas acordó en junio un tipo impositivo mínimo de al menos el 15%. El acuerdo más amplio se remitirá al Grupo de las Veinte principales economías para que lo aprueben políticamente en una reunión en Venecia la próxima semana.
Los detalles técnicos deben acordarse antes de octubre para que las nuevas normas puedan aplicarse en 2023, según una declaración de los países que respaldaron el acuerdo.
Los nueve países que no firmaron fueron Irlanda, Estonia y Hungría, miembros de la UE con bajos impuestos, así como Perú, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Sri Lanka, Nigeria y Kenia.
Los países que no firmaron corren el riesgo de quedar aislados, ya que no sólo se adhirieron las principales economías, sino también muchos paraísos fiscales conocidos, como las Bermudas, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.
El Ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, cuyo país ha atraído a muchas grandes empresas tecnológicas estadounidenses con su tipo impositivo del 12,5%, dijo que “no estaba en condiciones de unirse al consenso”, pero que aún así intentaría encontrar un resultado que pudiera apoyar.
En la Unión Europea, el acuerdo necesitará que se apruebe una ley comunitaria, probablemente durante la presidencia francesa del bloque en la primera mitad de 2022, y eso requerirá el respaldo unánime de todos los miembros de la UE.
El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, se congratuló de que el acuerdo sea el más importante en materia de fiscalidad internacional alcanzado en un siglo, y dijo que intentará ganarse a los que se resisten.
“Les pido que hagan todo lo posible para unirse a este acuerdo histórico que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países”, dijo, añadiendo que todas las grandes empresas digitales estarían cubiertas por el acuerdo.
Umbrales
El nuevo tipo impositivo mínimo, de al menos el 15%, se aplicará a las empresas que facturen más de 889 millones de dólares, con la única excepción del sector naviero.
Las nuevas normas sobre la tributación de las multinacionales pretenden repartir el derecho a gravar sus beneficios de forma más justa entre los países, ya que la aparición del comercio digital ha hecho posible que las grandes empresas tecnológicas contabilicen sus beneficios en países de baja tributación, independientemente del lugar en el que hayan obtenido el dinero.
La aplicación del acuerdo podría seguir siendo difícil, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, donde el representante Kevin Brady, principal republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo describió como “una peligrosa rendición económica que envía puestos de trabajo estadounidenses al extranjero, socava nuestra economía y elimina nuestra base fiscal estadounidense”.
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