Se agrava la situación en el país centroamericano, donde la justicia manejada por el gobierno de Daniel Ortega ordenó la prisión de tres excompañeros del mandatario en la Revolución Sandinista.
Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres fueron detenidos en sus viviendas. Los tres forman parte del sandinismo más feroz, que luchó de forma clandestina y mediante las armas contra la dictadura Somoza (1937-1979).
La redada contra opositores en las vísperas de las presidenciales de noviembre sumó de esta forma un nuevo episodio, donde Ortega ha pasado a detener a excompañeros de guerrilla y militancia.
Ortega consideraba traidores a los detenidos, debido a que los tres se habían distanciado y criticado públicamente el caudillismo autoritario del presidente nicaragüense.
De hecho, allegados a Ortega afirmaron que lo único que compartían los detenidos era su “lealtad a Estados Unidos” y su deseo “de derrocar al gobierno electo del presidente comandante Daniel Ortega”.
En tanto organizaciones internacionales y asociaciones de derechos humanos de Nicaragua habían exigido la aparición de Violeta Granera, detenida el viernes y luego trasladada a un paradero desconocido.
Legalmente, las detenciones se amparan en la polémica Ley 1.055 que fue aprobada por el Congreso nicaragüense, de mayoría pro-Ortega. La misma fue enviada por el Poder Ejecutivo bajo el supuesto de que Nicaragua necesitaba una norma para penar los intentos golpistas internos con la injerencia de EEUU.
En la práctica, la ley ha servido para perseguir a opositores al gobierno y prohibir su participación electoral en las presidenciales de noviembre. Bajo el pretexto de ser “traidores” se los puede condenar a 15 años de prisión y proscribirlos como candidatos.
La aplicación de la Ley 1.055 enmarcó las acusaciones contra los detenidos en conspiración “contra la independencia, soberanía y autodeterminación” de Nicaragua y de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.
Estos acontecimientos se producen a pocas horas de que la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúna para analizar la situación en Nicaragua, en una sesión que se espera sea tensa, con disputas entre los países aliados y opuestos al régimen de Ortega.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado al Consejo Permanente que suspenda la participación de Nicaragua en la organización, considerando que la persecución de Ortega sin procesos judiciales correspondientes contra ciudadanos nicaragüenses viola el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
Los representantes argentinos ante la OEA tendrán la oportunidad de expresar la postura del gobierno nacional ante los hechos ocurridos en Nicaragua.
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