Un primer lote de 100.000 vacunas Sputnik V, de 10 millones acordadas con Rusia, llegó este sábado a Venezuela, anunció el gobierno de Nicolás Maduro.
El cargamento arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, trasladado desde Moscú en un avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
“Nos sentimos orgullosos de la cooperación Rusia-Venezuela” en medio de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar desplazar del poder a Maduro, dijo ante la prensa la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que calificó esas medidas como “un bloqueo criminal”.
“Es el resultado de un fructífero trabajo” de ambos países, expresó por su parte el embajador ruso en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov.
Venezuela participó en los ensayos clínicos de la Sputnik V.
El lote representa 1% del total pactado en noviembre con Rusia por una delegación del gobierno del país caribeño en una visita a Moscú.
Maduro dijo que sería vacunado prioritariamente el personal de salud, pero también activistas de su partido político: Somos Venezuela.
El mandatario socialista ha proyectado que el proceso de vacunación masiva comenzaría en abril.
Ni Caracas ni Moscú han precisado cuándo llegará el próximo lote.
Además de las 10 millones de dosis acordadas con Rusia, Venezuela tiene reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas de AstraZeneca por medio del sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, esas dosis no han podido llegar a Venezuela, pues el país no ha saldado su deuda con la OMS, dijo el viernes Alena Douhan, relatora especial de la ONU para evaluar el impacto de sanciones sobre los derechos humanos. El primer plazo de pago venció el martes.
El gobierno de Maduro ha visto limitado su acceso a cuentas estatales en el extranjero, con fondos bloqueados cuyo control recae en el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por Estados Unidos y medio centenar de países.
Con 30 millones de habitantes, Venezuela suma 132.259 casos confirmados y 1.267 muertes por covid-19, según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch.
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