Resulta evidente que la Argentina en los últimos años -más allá de los matices políticos- ha logrado consolidar una cierta continuidad en su plan de desarrollo espacial. En este sentido, no caben dudas de que el país ha logrado insertarse dentro de la limitada comunidad de naciones que cuentan con el know how necesario para llevar a cabo el diseño, la construcción y la operación de proyectos satelitales propios.
Sin embargo, frente a la carencia de un lanzador, Argentina continúa dependiendo de la contratación de empresas u agencias espaciales de otros países a los fines de poder colocar dichos satélites en órbita. Es así que el ARSAT (también conocido por ser el primer satélite latinoamericano de telecomunicaciones) fue lanzado desde un cohete Ariane-5 por la empresa francesa Arianespace, mientras que los dos últimos, el SAOCOM-1A y el SAOCOM-1B fueron puestos en órbita a través de un cohete Falcon 9 diseñado por SpaceX, la célebre empresa del emprendedor sudafricano Elon Musk.
Más allá de este impedimento, la CONAE (Comisión Nacional de Asuntos Espaciales) ha puesto en marcha el denominado Plan de Acceso al Espacio, buscando desarrollar capacidades de lanzamiento autóctonas que permitan independizarse tecnológicamente en este sentido, como así también, brindar este tipo de servicios a terceros países.
Luego del congelamiento y posterior cancelación de lanzador Tronador II, la institución ha readaptado su agenda buscando ahora desarrollar un proyecto menos ambicioso y más austero, pero que sirva como antesala de un futuro Tronador III. En este escenario, comienza a delinearse en el marco del programa ISCUL (Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas) lo que será el denominado VLE (Vehículo Lanzador Espacial).
El VLE consiste en un microlanzador que busca posicionarse en el segmento de las cargas livianas. Desarrollado por la CONAE en colaboración con la empresa VENG S.A., de la cual la agencia estatal es accionista, el VLE será el paso previo necesario para la posterior puesta en marcha del Tronador III, el cual, según los datos de la CONAE, tendrá la capacidad para poner en órbita polar de 600 km de altura, satélites de hasta 1.000 kg.
Cabe señalar que el país ya cuenta con una rica experiencia en este tipo de tecnologías, que se remonta al fallido desarrollo del misil Cóndor II, desactivado en la década del 90’ luego de fuertes presiones de los Estados Unidos, pero que sin embargo, tuvo su correlato con el nacimiento de la CONAE con el decreto número 995/91 en 1991, de manera que el desarrollo espacial pasaba a estar ahora ya no bajo la órbita de las Fuerzas Armadas sino del Poder Ejecutivo nacional.
En esta línea, la ventaja de contar con un lanzador propio, posibilita a la Argentina garantizar su soberanía en el espacio ultraterrestre y mantener un área de influencia –si bien acotada- de gran relevancia para el desarrollo de las futuras actividades espaciales nacionales. En estos términos, el país podría posicionarse a nivel global como parte del selecto grupo de naciones que consolidan de manera exitosa el ciclo completo de estas tecnologías
Sin lugar a dudas, para el desarrollo de esta agenda será clave tanto el establecimiento de objetivos claros y prudentes por parte de la conducción política, como asimismo, la existencia de una cierta estabilidad económica que permita el acceso a financiamiento.
En un plano internacional en el que la creciente pugna geopolítica China-Estados Unidos se traduce cada vez más en una suerte de renovada “carrera espacial”, la propuesta de la CONAE abre la posibilidad de avanzar en políticas que fomenten una articulación público-privada, y que se nutran a la vez, tanto de la matriz científico-técnica como académica -de las que el país dispone-, a los fines de concretar uno de los últimos y pocos objetivos de gran relevancia estratégica nacional de los últimos tiempos.
Lamentablemente, la Argentina no puede prestarle atención plena al desarrollo espacial cuando pasa por urgencias más graves en la infraestructura de su país, defensa, seguridad, salud, educación, economía y otros asuntos que han vulnerado la estabilidad de la población y han llevado al atraso la calidad de vida y el progreso de elementos básicos que requiere la Nación.