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Por Florencia Pérez Moreno (Politólogos Al Whisky) – 09/10/2020
Dentro de la frágil situación en la que se encuentra Venezuela, en 2019 se crea un Grupo Internacional de Contacto conocido como GIC conformado por países tanto europeos como latinoamericanos. Su principal objetivo es la celebración de nuevas elecciones bajo las garantías de proceso electoral libre y justo, llevado a cabo por los propios venezolanos y supervisado por observadores internacionales independientes.
Hoy, el Grupo Internacional de Contacto reúne a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay.
Josep Borrell como Representante para la Política Exterior de la Unión Europea y actor político clave en el proceso, establece que “sólo cambios importantes en las condiciones y en el calendario podrían permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la Unión Europea” para así presionar a Caracas para que retrase los comicios previstos para el 6 de Diciembre. Por otro lado, el presidente interino Juan Guaidó con el sostén de 37 partidos opositores y del Parlamento democrático expresan su preocupación al establecer que “si reducimos nuestras exigencias beneficiamos al represor”.
Asimismo, la situación se complejiza aún más desde el 16 de Septiembre, cuando la ONU lanza un informe de la Misión en Venezuela exponiendo la gestion venezolana por violar derechos humanos y llevar a cabo entre otros ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones y represión violenta contra las protestas contrarias al régimen chavista.
Un día más tarde, el 17 de Septiembre después de la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto, se decide el envío de una delegación europea que tenga por misión promover unas mínimas condiciones democráticas antes de las elecciones legislativas.
Pese a todos los esfuerzos, el 30 de Septiembre el presidente Maduro respondió a las sugerencias europeas considerando “inadmisibles” las condiciones planteadas. Así, se rechazó el envío de observadores a las elecciones, el aplazamiento de dicha cita y se advirtió de que seguirá adelante el proceso “de manera libre y soberana”.
En el comunicado del Ministerio de Exteriores de Caracas se descarta la posible prórroga y se acusa a Josep Borrell, de mantener una “posición sesgada” en este tema al desconocer los esfuerzos realizados por parte de las autoridades venezolanas.
No obstante, el Ejecutivo venezolano aseguró disposición de recepción a la misión europea para entablar un diálogo productivo y sincero entre las partes. Sin embargo, marcó el límite con respeto a la soberanía nacional y advirtió que “(…) el Estado venezolano no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos de ninguna naturaleza” de cara a los comicios legislativos de Diciembre, que siguen adelante.
