El gobierno argentino dio un salto verbal significativo en pocas horas. El portavoz de la Casa Rosada, Javier Lanari, afirmó en declaraciones al diario español El Mundo que “si lo solicitara Estados Unidos, sí, cualquier ayuda que ellos consideren se dará”. Horas después, el canciller Pablo Quirno no descartó que Argentina pudiera enviar buques de su Armada al Estrecho de Ormuz. “En la medida en que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, dijo en declaraciones televisivas, aunque calificó de “rumores” las versiones sobre el envío de buques sin cerrar del todo esa posibilidad. Las dos declaraciones, producidas en el mismo día, no tienen precedente en la historia reciente de la política exterior argentina frente a un conflicto extrahemisférico activo.
El debate fue encendido el lunes por una serie de análisis publicados sobre la capacidad y la disposición de Argentina de sumarse a la coalición naval que Washington impulsa para escoltar el tránsito en el Estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la Operación Epic Fury el 28 de febrero. Esos análisis trazaron el mapa completo: el alineamiento de Milei con Trump e Israel, el antecedente de la Operación Alfil de 1991 con el destructor ARA Almirante Brown y la corbeta ARA Spiro en el Golfo Pérsico, y la brecha entre el posicionamiento retórico y la ausencia de cualquier decisión institucional.
El martes, ese debate ya tenía nombre propio: el del tuit de Marc Zell, republicano vinculado a Israel, que afirmó que Argentina “is sending naval units” y reclamó que Trump cambiara su postura sobre Malvinas como recompensa. Fue la mecha que convirtió un análisis de política exterior en una crisis diplomática con respuesta iraní incluida.
Irán reaccionó de inmediato. En un editorial del diario oficialista Tehran Times, el régimen iraní afirmó que Milei “cruzó una línea roja imperdonable” y que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. La Casa Rosada respondió que ninguna amenaza cambiará la postura presidencial. Milei, por su parte, redobló la apuesta: calificó a Argentina como un país “parado en el lugar correcto de la historia por primera vez después de ochenta años” y elogió la “decisión y el coraje del presidente Trump” en la guerra.
Tanto Lanari como Quirno aclararon que no existe ninguna solicitud formal de Washington a Buenos Aires. Ese detalle es clave: las declaraciones de ambos funcionarios no responden a un pedido concreto sino a una posición política que el gobierno de Milei decidió comunicar públicamente sin que nadie se lo pidiera. La información que circuló sobre un posible despliegue naval argentino se originó en el tuit de Zell, sin ninguna fuente oficial detrás. Sin embargo, el gobierno no eligió desmentirlo con contundencia sino dejar abierta una puerta que técnicamente no debería estar abierta sin autorización del Congreso.
El contraste entre el entusiasmo político y la realidad operativa de la Armada no es un dato menor. En 1991, el Grupo de Tareas 88.0 realizó 570 interceptaciones y 17 escoltas bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en un teatro donde las minas navales y los misiles antibuque eran amenazas reales. El Ormuz de 2026 es un escenario incomparablemente más exigente: Irán opera con misiles balísticos antibuque clase Khalij Fars, drones de ataque, vehículos de superficie no tripulados y submarinos enanos clase Ghadir en aguas someras. Esa arquitectura de negación de área exige capacidades de contraminado, guerra antisubmarina y defensa antiaérea que la Armada Argentina hoy no tiene en condiciones de despliegue.
Lo que dejó instalado el miércoles es que el gobierno argentino tomó una decisión política de fondo: no cerrar la puerta, no desmentir, y dejar que la ambigüedad trabaje a su favor en la relación con Washington. Si EE.UU. formula un pedido concreto, Buenos Aires quedaría en la posición de tener que responder con algo más que palabras. Y si no lo formula, las declaraciones de Lanari y Quirno quedan como una señal de lealtad sin costo operativo. La duda es si el Congreso, el Ministerio de Defensa y la Cancillería están coordinados para sostener esa posición cuando la ambigüedad tenga que terminar.
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