- Chile ha iniciado la construcción de zanjas de 3 kilómetros en Chacalluta.
- El Plan Escudo Fronterizo refuerza el control en la frontera norte de Chile con Perú y Bolivia.
- La iniciativa se desarrolla a tan sólo semanas de la asunción del nuevo presidente José Antonio Kast.
Chile ha comenzado a delinear el despliegue de barreras físicas con la excavación de zanjas y un refuerzo del control territorial en su frontera norte con Perú y Bolivia, como parte de un plan para contener el aumento de la inmigración irregular en la Macrozona Norte, uno de los principales puntos de ingreso al país.
El denominado Plan Escudo Fronterizo, promovido por el presidente José Antonio Kast desde su campaña, se presenta como una estrategia integral para “restablecer la soberanía nacional” y frenar la migración irregular, el contrabando y el crimen organizado. Durante su lanzamiento, Kast sostuvo que el Estado chileno había perdido el control efectivo de sus fronteras, permitiendo no solo el ingreso irregular de personas, sino también el avance de economías ilícitas y redes criminales transnacionales.
La iniciativa contempla la implementación de un sistema de contención física y tecnológica de alta intensidad. Entre las medidas proyectadas se incluyen muros y vallas de hasta cinco metros de altura equipados con sensores de movimiento, zanjas de aproximadamente tres metros para impedir el tránsito vehicular, cercas perimetrales reforzadas, torres de vigilancia con radares térmicos y el uso de drones con capacidades de monitoreo continuo. Según las autoridades, el objetivo es ejecutar estas medidas en un plazo de 90 días, en sectores considerados críticos.
En ese marco, el despliegue habría comenzado alrededor del 11 de marzo en pasos estratégicos como Colchane y Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota. El lunes 16 de marzo, el presidente visitó la zona para supervisar las obras junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y a otras autoridades del área de seguridad y defensa.
El plan también prevé la conformación de una fuerza de tarea conjunta integrada por las Fuerzas Armadas y de orden, con miles de efectivos desplegados en turnos rotativos y bases operativas en la frontera. Entre sus funciones se incluirían la vigilancia permanente, la interceptación de ingresos irregulares y la aplicación de mecanismos de reconducción y expulsión, en el marco de la legislación vigente y eventuales ajustes normativos. Asimismo, se evalúa la implementación de zonas de control reforzado en franjas cercanas a la frontera y un endurecimiento de las políticas de deportación, junto con mayores exigencias a los países de origen para la recepción de ciudadanos expulsados.
El norte de Chile, especialmente en la frontera con Bolivia, se ha consolidado en los últimos años como un punto crítico de ingreso irregular, en particular de migrantes venezolanos. La estrategia del gobierno apunta a recuperar la “soberanía efectiva” del territorio y desarticular rutas utilizadas por redes de tráfico de personas y crimen organizado. Este giro se inscribe en el inicio de la administración de José Antonio Kast, que llegó al poder con una agenda de control migratorio más estricta y alineamientos regionales más duros, en sintonía con propuestas impulsadas por Donald Trump en materia de seguridad fronteriza.
Te puede interesar: El Escudo de las Américas: Disuasión integrada y la nueva arquitectura de seguridad hemisférica.
