- Donald Trump evalúa autorizar un ataque limitado contra Irán si la reunión nuclear del jueves 26 de febrero en Ginebra no produce avances, mientras evacúa personal no esencial de su embajada en Beirut.
- El posible uso de la fuerza reabre el debate en Washington sobre el rol del Congreso en la autorización de acciones militares, especialmente tras el antecedente de la incursión en Venezuela sin consulta legislativa previa.
La posibilidad de una acción militar estadounidense contra Irán volvió al centro del escenario este domingo 22 de febrero, cuando The New York Times informó que el presidente Donald Trump está considerando autorizar en los próximos días un ataque limitado contra objetivos iraníes si las negociaciones nucleares no avanzan.
Según el reporte, la opción incluiría ataques contra centros de mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, instalaciones de misiles balísticos o infraestructura vinculada al programa nuclear. El objetivo sigue siendo ejercer presión directa sobre Teherán para que acepte las condiciones planteadas por Washington en torno a su programa atómico. Si esa señal inicial no produjera resultados, el plan podría escalar más adelante en el año hacia una campaña más amplia, incluso orientada a debilitar estructuralmente al régimen.
El contexto inmediato sigue bajo el umbral diplomático. Recordemos que el martes 18 de febrero, Estados Unidos e Irán concluyeron en Suiza una segunda ronda de conversaciones indirectas bajo mediación de Omán. Ambas partes tienen previsto volver a reunirse este jueves 26 de febrero en Ginebra. Sobre la mesa se analiza una propuesta que permitiría a Irán mantener un programa nuclear limitado a enriquecimiento de bajo nivel con fines médicos, mientras Washington —con respaldo de Israel— busca incorporar restricciones al programa de misiles balísticos y al apoyo iraní a actores armados regionales.
Sin embargo, mientras la vía diplomática continúa formalmente abierta, los movimientos sobre el terreno reflejan un escenario de mayor preparación militar. Este lunes 23 de febrero, el Departamento de Estado ordenó la evacuación de personal no esencial y familiares de la embajada estadounidense en Beirut, reduciendo temporalmente su dotación. La medida fue presentada como preventiva ante la evolución del entorno de seguridad regional.
Ese mismo día, autoridades iraníes advirtieron que cualquier ataque estadounidense, incluso de alcance limitado, recibiría una respuesta “feroz”. Teherán ha señalado que podría atacar intereses militares estadounidenses en la región y también a Israel en caso de una ofensiva.
La posibilidad de un ataque limitado como herramienta de presión abre interrogantes sobre la dinámica de escalada. Un golpe inicial acotado podría no cerrar la crisis, sino trasladarla a una fase de represalias cruzadas en un entorno regional ya tensionado por la competencia entre Israel e Irán y por la presencia militar estadounidense en múltiples puntos de Medio Oriente.
En paralelo, el debate interno en Washington se intensifica. Legisladores demócratas y algunos republicanos han recordado que la Constitución otorga al Congreso la facultad de autorizar el uso de la fuerza. El antecedente del 3 de enero, cuando Trump ordenó una incursión en Venezuela sin consulta previa al Legislativo, alimenta el temor de que una eventual acción contra Irán pueda seguir el mismo patrón.
Representantes como el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna han impulsado iniciativas para exigir una votación previa del Congreso antes de cualquier operación militar. No obstante, la correlación de fuerzas en la Cámara hace poco probable que prosperen medidas restrictivas si la Casa Blanca decide avanzar.
De cara al jueves 26 de febrero, el escenario combina negociación y disuasión. Si las conversaciones en Ginebra producen avances, la opción militar podría quedar en suspenso. Si fracasan, el margen para una acción limitada aumentará en un contexto donde la presencia militar estadounidense ya se ha reforzado y las advertencias iraníes han elevado el umbral de riesgo regional. Más allá del resultado inmediato, la secuencia de eventos vuelve a poner en discusión el equilibrio institucional en Estados Unidos sobre quién decide cuándo emplear la fuerza.
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