Del NAFTA al arancel del 100% – El dilema del “Drop Off Port” y la soberanía de Canadá ante la asertividad de Trump

Actualmente, la arquitectura de integración de América del Norte atraviesa su crisis más profunda desde la firma del NAFTA original, evidenciando una transición definitiva del institucionalismo liberal hacia un Realismo Transaccional liderado por Washington. La administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre Ottawa tras el reciente acuerdo entre el primer ministro Mark Carney y el presidente Xi Jinping, introduciendo la narrativa del “Drop Off Port” para denunciar lo que considera una vulneración sistemática de la frontera comercial. Bajo esta lógica, la Casa Blanca sostiene que la apertura de Canadá hacia capitales y productos de Pekín permite que el gigante asiático eluda los controles estadounidenses, utilizando el territorio canadiense como una “puerta trasera” para inundar el mercado estadounidense. Esta tensión no solo amenaza la estabilidad económica regional, sino que coloca al primer ministro Mark Carney ante el desafío de defender la autonomía estratégica de una potencia media frente a una potencia dominante que condiciona el acceso a su mercado a una lealtad geopolítica absoluta.

Coerción comercial y la narrativa del “Drop Off Port”

El núcleo de la actual disputa radica en el acuerdo firmado por Carney el pasado 16 de enero, el cual permite la entrada de 49,000 vehículos eléctricos chinos a Canadá con una tasa preferencial del 6,1%. Para la administración Trump, este movimiento es visto como un “trato con el diablo”, que invalida las reglas de origen del T-MEC (CUSMA), transformando a Canadá en un centro de reexportación que amenaza la base industrial de Detroit. Según declaraciones recientes del presidente estadounidense, si Ottawa concreta este vínculo comercial, se aplicará inmediatamente un arancel del 100% contra todos los productos canadienses, una medida que busca anular cualquier ventaja competitiva que Pekín intente obtener a través del socio menor de la alianza norteamericana.

La magnitud de esta amenaza arancelaria representa un riesgo existencial para la economía canadiense, considerando que aproximadamente el 75% de sus exportaciones totales tienen como destino los Estados Unidos, de acuerdo con datos de Statistics Canada. Al etiquetar a su vecino del norte como un puerto de descarga para productos enemigos, Trump está desmantelando la “excepcionalidad canadiense” que históricamente protegió la relación bilateral de las fluctuaciones políticas más agresivas de Washington. En la práctica, la Casa Blanca busca imponer una soberanía subordinada, donde la política comercial de Canadá ya no sea gestionada de forma autónoma, sino que actúe como una extensión de los intereses de seguridad nacional definidos por la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

La “Doctrina Carney” y la búsqueda de autonomía estratégica

Frente a esta presión, el primer ministro Mark Carney ha buscado articular una respuesta fundamentada en la defensa de la autonomía estratégica y la diversificación de mercados. Durante su reciente intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Carney abogó por que las potencias medias fortalezcan su cooperación para contrarrestar la “ley del más fuerte” que, según sus palabras, está redefiniendo el orden global. Carney, con su perfil de tecnócrata y exgobernador de bancos centrales, sostiene que Canadá debe ser “dueño de su propia casa”, rechazando la noción de que el país sea un protectorado económico de los Estados Unidos. Esta postura busca proteger acuerdos específicos, como la reducción de aranceles a vehículos eléctricos chinos al 6,1%, argumentando que son medidas técnicas necesarias para la competitividad industrial canadiense y no una afrenta a la seguridad hemisférica.

Sin embargo, la capacidad de resistencia de la denominada “Doctrina Carney” se enfrenta a la realidad de una interdependencia profundamente asimétrica. Mientras el primer ministro intenta apelar a las normas del derecho internacional y al espíritu original de cooperación trilateral, la administración Trump ha endurecido su retórica, refiriéndose irónicamente al mandatario como “Governor Carney”, en una clara alusión a que su gestión debería limitarse a la administración de un territorio periférico de la órbita estadounidense. La tensión escaló esta semana cuando el mandatario estadounidense revocó la invitación de Carney para unirse a su “Junta de Paz” Global, evidenciando que cualquier intento de diversificación comercial con China será castigado con el ostracismo diplomático y la asfixia económica. Desde un análisis de Relaciones Internacionales, este choque de liderazgos simboliza la fractura entre una visión de gobernanza global basada en reglas y una nueva era de poder bruto, donde la geografía y el tamaño del mercado son los únicos activos que determinan la capacidad de negociación de un Estado.

El Artículo 32.10 y el fin del libre comercio liberal

Un instrumento jurídico clave en esta contienda es el Artículo 32.10 del T-MEC, conocido coloquialmente como la “cláusula China”, que otorga a cualquiera de las partes el derecho de denunciar el tratado si otro socio firma un acuerdo de libre comercio con una “economía de no mercado”. Washington ha comenzado a invocar esta cláusula como un arma de presión preventiva, sugiriendo que cualquier acercamiento de Ottawa a Pekín activará automáticamente la revisión del tratado prevista para este 2026. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), una ruptura del bloque comercial norteamericano o la imposición de aranceles masivos podría provocar una contracción de hasta el 2.4% en el PIB regional, afectando las cadenas de suministro integradas que se desarrollaron durante tres décadas de vigencia del NAFTA.

Este escenario evidencia que el concepto de “friend-shoring” ha evolucionado hacia una fase coercitiva, donde ya no basta con ser un aliado cercano, sino que se exige una exclusividad absoluta que prohíbe la diversificación comercial. La administración Trump ha dejado claro que la frontera norte ya no es vista como un espacio libre de tránsito de bienes, sino como un perímetro de defensa que debe ser sellado ante la influencia asiática. La “cláusula China” se convierte así en un grillete legal que limita la soberanía técnica de Canadá, forzándolo a elegir entre el acceso vital al mercado estadounidense o el crecimiento potencial que ofrecen los mercados asiáticos en ascenso.

Perspectivas para la soberanía y el equilibrio regional

En conclusión, la crisis entre Canadá y los Estados Unidos en 2026 marca el agotamiento del modelo de integración liberal que caracterizó a finales del siglo XX. La transición hacia un Realismo Ofensivo impulsado por Trump demuestra que la percepción de debilidad institucional o la búsqueda de autonomía por parte de un socio menor incentiva a la potencia dominante a escalar sus demandas estratégicas. El desenlace de este pulso definirá si el sistema internacional permite la coexistencia de potencias medias con agendas diversificadas o si nos dirigimos a una consolidación de bloques comerciales herméticos donde la lealtad política es el único arancel válido.

El futuro de la relación bilateral dependerá de la capacidad de Mark Carney para negociar una salida que preserve la dignidad soberana de Canadá sin desencadenar un colapso económico total por la vía de los aranceles. Mientras tanto, la comunidad global observa con cautela cómo la relación más larga y estable del mundo se transforma en un escenario de confrontación, donde la interdependencia, antes vista como una garantía de paz, se utiliza hoy como una herramienta de disciplina regional. El caso canadiense sirve como una advertencia para otros actores internacionales: en la nueva era del transaccionalismo, la proximidad geográfica a una superpotencia ya no garantiza seguridad, sino una vigilancia constante sobre cada decisión de política exterior.

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