Luego de un largo camino que significó más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) dio un paso decisivo al respaldar el acuerdo comercial con el Mercosur, despejando el camino para su firma formal prevista para el 17 de enero. La decisión, adoptada por los Estados miembros pese a una fuerte oposición interna, habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Paraguay para cerrar uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos de la historia del bloque, que crearía una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas.
El visto bueno del Consejo de la Unión Europea permite avanzar hacia la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero este paso inicial está lejos de significar el final del proceso. Una vez rubricado el pacto en Asunción, el texto deberá atravesar un complejo camino institucional dentro de la UE. En primer lugar, el acuerdo será remitido al Parlamento Europeo, donde deberá ser analizado por la de Comercio Internacional (INTA) y la de Asuntos Exteriores (AFET). Estas comisiones realizarán un examen preliminar, elaborarán informes y posteriormente enviarán el expediente al pleno para su votación final.
La votación en el Parlamento Europeo es uno de los obstáculos más decisivos
La votación en el Parlamento Europeo constituye uno de los obstáculos más decisivos. La Eurocámara no puede modificar el texto, solo aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. La composición actual del Parlamento anticipa un escenario fragmentado en el que los alineamientos nacionales podrían pesar más que las afinidades partidarias tradicionales. Delegaciones de países que votaron en contra del acuerdo en el Consejo -como Francia, Polonia o Irlanda- podrían inclinar el resultado hacia el rechazo, aun si sus grupos políticos mayoritarios apoyan la ratificación. Con este panorama, el margen final podría ser estrecho, lo que introduce un alto nivel de incertidumbre.
Antes de llegar a esa votación definitiva, existe otro factor que puede provocar un retraso significativo, y es la posibilidad de que el Parlamento Europeo solicite un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un grupo de 145 eurodiputados ya impulsó esta iniciativa al cuestionar la legalidad del mecanismo de reequilibrio y la base jurídica utilizada para permitir la aprobación de los capítulos comerciales sin la intervención de los parlamentos nacionales. Si la moción se aprueba por mayoría simple, el proceso de ratificación quedará suspendido hasta que el Tribunal emita su opinión, lo que podría extender aún más los plazos.
Superada la instancia del Parlamento Europeo, el acuerdo deberá atravesar por la ratificación por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE para todos los capítulos que exceden lo estrictamente comercial. Este proceso suele ser largo y políticamente sensible, dado que varios parlamentos ya se han pronunciado en contra del acuerdo o han condicionado su respaldo. Aunque el texto podría aplicarse provisionalmente en materia comercial, la entrada en vigor plena requiere la aprobación legislativa de todos los países miembros.
El Mercosur espera con ansias que el acuerdo pase en el viejo continente
Finalmente, los países del Mercosur también deberán llevar el acuerdo a sus respectivos congresos para completar el procedimiento de ratificación interna. Si bien este paso puede resultar más ágil en algunos casos, no está exento de debate político. Solo una vez atravesadas todas estas instancias -firma, revisión parlamentaria, posible consulta judicial, ratificación europea y aprobación nacional en el Mercosur- el acuerdo podrá entrar en vigor de manera definitiva, cerrando un proceso que aún enfrenta múltiples desafíos y posibles demoras.
Para los países del bloque sudamericano, el pacto representa una bocanada de aire fresco, pero también plantea la necesidad de políticas públicas activas para gestionar los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que este mercado ampliado ofrece. Será esencial fortalecer las capacidades productivas y adaptarse a las nuevas reglas del comercio internacional para maximizar los beneficios del acuerdo.
Los productores europeos se consideran perdedores con el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Es posible afirmar que, con ciertas matices, el respaldo político al acuerdo se produjo en un contexto de intensas protestas agrícolas en varios países europeos, con bloqueos fronterizos, manifestaciones con tractores y una férrea resistencia encabezada por sectores rurales y capitales como París y Varsovia. Oficialmente, el tratado es presentado por los agricultores como una derrota frente a la competencia sudamericana. Sin embargo, en la práctica, el proceso de aprobación estuvo acompañado por una serie de concesiones que reforzaron de manera significativa la posición del sector agrícola europeo.
Es en este sentido que en la antesala del aval definitivo, la Comisión Europea endureció los mecanismos de salvaguarda para las importaciones sensibles, fortaleció los controles y presentó una maniobra presupuestaria que habilita a los Estados miembros a destinar hasta 45.000 millones de euros adicionales al apoyo agrícola en el próximo marco financiero plurianual. Estas medidas implican que el acuerdo con el Mercosur entrará en vigor rodeado de protecciones y con un esquema de respaldo financiero que, lejos de debilitar al sector, lo consolida.
La síntesis es un marcado giro respecto de las ambiciones reformistas iniciales de la Comisión, que había explorado flexibilizar el gasto agrícola para redirigir recursos hacia prioridades como defensa, transición climática o política industrial. Esa estrategia no sobrevivió al choque con la realidad política, ya que reavivó el regreso de las protestas rurales y la presión de los lobbies agrícolas, que obligaron a preservar el núcleo del financiamiento agrícola.
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