- El Gobierno de Nicolás Maduro depende cada vez más de milicias, colectivos y grupos parapoliciales para sostener el control territorial ante una intervención militar de Estados Unidos.
- Expertos advierten que estas estructuras carecen de capacidad militar para enfrentar a un ejército convencional, por lo que su eventual respuesta ante una intervención sería asimétrica: resistencia urbana, control territorial fragmentado y tácticas de guerrilla.
- La posible intervención estadounidense y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista elevan el nivel del conflicto, situando a grupos criminales y milicias alineadas con el régimen como actores clave en un escenario de alta inestabilidad.
Tras la intensificación de la presión por parte de Trump, el Gobierno de Nicolás Maduro depende cada vez más de una red de grupos armados irregulares —milicias, colectivos y fuerzas parapoliciales— para sostener el control territorial y político en un escenario donde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela se vuelva una posibilidad latente.

Sin embargo, aun con presencia extendida y capacidad de intimidación interna, expertos coinciden en que estas estructuras carecen del entrenamiento, la logística y el poder de fuego necesarios para enfrentar a un ejército convencional como el de Estados Unidos. La eventual reacción de estos grupos en un conflicto externo sería asimétrica: resistencia urbana, control de barrios y operaciones de guerrilla, más que combate directo, lo que plantea un panorama de alta inestabilidad y violencia prolongada.
Mientras Trump evalúa opciones que podrían incluir una intervención militar para sacar del poder a Nicolás Maduro, crece el interrogante sobre la capacidad de los grupos armados, milicias y redes criminales alineadas con su régimen para actuar como un factor de defensa informal. En Venezuela existe lo que podría describirse como un Estado híbrido, donde ciertos grupos criminales asumen funciones de seguridad, gobernanza y control territorial, operando en alianza con sectores del aparato estatal. Esa estructura -según expertos domésticos e internacionales- podría jugar un papel clave en caso de un eventual ataque externo.
El reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos de que “muy pronto” podrían comenzar ataques militares contra objetivos terrestres en Venezuela, bajo la bandera del combate al narcotráfico, dio nueva urgencia al debate. El llamado al combate contra lo que Washington denomina narcotráfico estatal, junto con la designación del supuesto Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, eleva el escenario de confrontación a una nueva dimensión que refiere a que no solo se ataca al gobierno, sino también a las redes criminales que estarían relacionadas con él.
En este contexto, los grupos que podrían responder no se reducen a la Fuerza Armada ni a las milicias oficiales como la Milicia Bolivariana, sino que también incluirían a estructuras no estatales como los llamados colectivos urbanos y guerrillas del norte, que ya operan en zonas fronterizas, controlan rutas de narcotráfico, minería ilegal y economías informales, y tienen presencia territorial y logística.
La capacidad de defensa de Venezuela en duda frente al poder militar de Estados Unidos
No obstante, la capacidad real de estos grupos para sostener una resistencia organizada ante una intervención extranjera es objeto de debate. En el caso de los colectivos urbanos, su perfil derivó hacia actividades criminales como extorsión, narcotráfico local, control de barrios y economías informales. Especialistas en derechos humanos afirman que “su vínculo con el régimen es hoy más transaccional que ideológico; muchos priorizarán la supervivencia y sus negocios antes que combatir en una guerra abierta”. Esa descentralización, su estructura difusa y su carácter fragmentado limitan su potencial militar para resistir frente a una fuerza extranjera profesional, pese a su conocimiento del terreno urbano.

Pero más allá de la logística, existe un factor clave que apunta a la respuesta internacional y la interferencia diplomática. Una intervención directa estadounidense alteraría el tablero militar y también el diplomático y humanitario en toda América Latina, lo que complicaría la resistencia. Incluso si los grupos armados decidiesen resistir, tendrían que enfrentar una coalición armada profesional, logística de guerra, posibles sanciones económicas e intervenciones externas. En ese escenario, el valor de estos grupos como defensores del régimen se diluye frente al poder militar estadounidense.
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