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Tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel (junio de 2025), la ONU reportó un marcado deterioro de los derechos humanos y un clima de represión interna: más de 21.000 detenciones, un salto en las ejecuciones de 2025 y medidas cada vez más duras contra minorías étnicas y religiosas, periodistas y activistas. Ese endurecimiento doméstico convive con la dimensión regional del conflicto, incluidos ataques a infraestructura sensible como la prisión de Evin, y alimenta un ciclo de desconfianza, seguridad y disuasión que eleva el riesgo de errores de cálculo con impacto dentro y fuera de Irán.
21.000 detenciones y un silencio forzado
La misión de determinación de hechos de la ONU, presidida por Sara Hossain, documentó desde marzo un “deterioro adicional” de la situación en Irán, acelerado por los ataques aéreos y la posterior respuesta interna: más de 21.000 arrestos en 12 días, con abogados, defensores de derechos, periodistas y usuarios de redes entre los más perseguidos. El informe también registra un aumento de ejecuciones en 2025 por encima de todo 2024, además de deportaciones masivas de afganos y redoble de la vigilancia transnacional a periodistas (incluidas amenazas creíbles en el exterior), lo que restringe el espacio cívico y el debido proceso.
La misión señaló además que los bombardeos israelíes alcanzaron edificios civiles dentro del complejo carcelario de Evin en Teherán (áreas administrativas, salud y visitas), lo que de confirmarse como objetivos no militares volvería “probablemente intencionales” esos impactos y exigiría escrutinio legal. Organizaciones independientes han pedido investigar posibles crímenes de guerra por ese ataque. La combinación de golpes externos y cerrojo interno crea un entorno de alto riesgo para activistas, minorías kurdas y árabes, y la comunidad bahá’í, mientras se reporta la desactivación de SIMs de periodistas para bloquear cobertura crítica.
Antagonismo nuclear y riesgo de error de cálculo
El trasfondo estratégico del presente es una espiral de seguridad entre Irán e Israel con un contexto nuclear que un reciente estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) describe mediante teoría de juegos: de un “dilema del prisionero” a un “juego del gallina”, donde la racionalidad puede conducir al peor desenlace. Israel mantiene su tradicional opacidad nuclear y busca impedir que Teherán alcance estatus atómico; Irán, marcado por agresiones históricas y restricciones internas (incluida la referencia a la fatwa), ha avanzado en capacidades (misiles, drones y umbral técnico) mientras eleva el costo de presión externa. Esta dinámica erosiona el equilibrio regional y multiplica incentivos a la disuasión dura.
El documento advierte además que la tensión puede “desbordar” el régimen de no proliferación e irradiar efectos en Arabia Saudita y Turquía (proyectos civiles, ambiciones de ciclo de combustible y señales de autonomía estratégica), abriendo la puerta a una proliferación en cascada. La conclusión operativa: cuanto más se cierre el espacio cívico dentro de Irán y más se militarice el entorno (ataques puntuales, sanciones, señales doctrinales), mayor será el riesgo de percepciones rígidas, errores de cálculo y crisis de escalada con costos humanos inmediatos y repercusiones estructurales para la seguridad regional.
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