La jueza Sandra Liliana Heredia encontró culpable al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un proceso que concluyó el 28 de julio de 2025. Uribe fue absuelto del delito de soborno simple, pero enfrenta una posible condena de hasta 12 años de cárcel o detención domiciliaria.
Este juicio, conocido como el “juicio del siglo” en Colombia, tiene sus raíces en acusaciones que se remontan a 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares. A partir de entonces, surgieron evidencias judiciales que apuntaban a que Uribe y su abogado, Diego Cadena, habrían contactado a exparamilitares encarcelados para influir en sus testimonios.
Durante la audiencia final, la jueza sostuvo que Uribe “sabía lo ilícito de su actuar… Él mismo la ejecutaba desde las sombras”, al dirigir una estrategia de manipulación de testigos mediante emisarios. Además, se acreditó el uso de documentos falsos para respaldar denuncias contra Cepeda.
Tras más de 475 días de juicio y múltiples intentos previos de archivo, la fiscalía solicitó una pena base de 108 meses (un total de casi 9 años) de prisión. Los abogados defensores ya anunciaron apelación y pidieron que, en caso de confirmarse la condena, se contemple la detención domiciliaria por su condición de adulto mayor.
Un fallo sin precedentes en Colombia
Como una respuesta casi inmediata a la decisión, la derecha colombiana, incluyendo figuras del partido de Uribe, calificó el fallo como una injusticia o “lawfare”. En contraste, la izquierda, liderada por el presidente Gustavo Petro y el propio Iván Cepeda, defendió la independencia del Poder Judicial y el respeto al fallo.
Este veredicto marca un hito, ya que por primera vez un exmandatario colombiano queda condenado por un delito penal, un precedente que podría tener ramificaciones profundas en la política colombiana y en la percepción regional sobre la rendición de cuentas y la justicia en América Latina.
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