Yemen es un país que se encuentra atravesado por múltiples conflictos desde su formación en 1990, los cuales se han complejizado por el enquistamiento y la internacionalización de la guerra civil que existe desde el 2009, cuyo conflicto fue aumentando con las revueltas de la Primavera Árabe en 2011 hasta la intervención militar de la zona en 2015, lo que convirtió a esta situación en una cada vez más espinosa, con la posibilidad de propiciar el colapso definitivo del Estado en el corto plazo y poner en jaque la seguridad de la región al largo plazo.
Este conflicto de suma cero en donde ninguno de los contendientes parece lograr posicionarse definitivamente en términos militares y políticos, afecta mayormente a los habitantes que atraviesan la crisis humanitaria más grande del mundo, frente a lo que se destaca la indiferencia internacional.
Es por esto que resulta de suma urgencia para la comunidad internacional idear una solución que revierta esta situación por la que muchos académicos consideran al Estado yemení un Estado fallido. Es necesario evitar que éste se convierta en un Estado colapsado, cuya recuperación sería imposible.
Un resumen de la dinámica de la guerra actual.
La guerra que se desata en suelo yemení es un tipo de “nueva guerra”, donde destaca un conflicto de baja intensidad, ya que no representa una guerra tradicional, esto es, una guerra donde existe un campo de batalla distinguible en el que se enfrentan bandos representantes de Estados a través de sus Fuerzas Armadas militares regulares. En Yemen, en cambio, los actores involucrados son múltiples y tanto estatales como no estatales, no es una guerra de ejércitos regulares y la violencia no se da dentro de los marcos estatales convencionales.
Este conflicto en donde hay actores internos y externos en juego que poseen diversos intereses geopolíticos sobre la zona, se da en un contexto de débil soberanía, que devino en una situación casi anárquica y un vacío de poder subsidiario de la guerra civil que contribuyó al establecimiento y control de parte del territorio por parte de actores no estatales como grupos yihadistas, separatistas y rebeldes, lo que complejiza la situación aún más.
En este campo de batalla se encuentran principalmente dos contendientes. Por un lado, Arabia Saudita liderando la Coalición Internacional (coalición conformada con el fin de confrontar a los hutis, en la que participan nueve Estados árabes sunitas: Qatar, EAU, Kuwait, Egipto, Jordania, Bahréin, Marruecos, Senegal y Sudán), apoyada por Estados Unidos, quien colabora con servicios de inteligencia y arsenal militar y tecnológico moderno, y por otro lado la insurgencia Huti, un grupo rebelde de ideología zaidí, esto es una rama del islam chií que representa a un tercio de la población del país y que tiene como principal enemigo a EE.UU, quienes se encuentran apoyados y financiados por la república Islámica de Irán.
Es decir, tanto Arabia como Irán se enfrentan en una guerra subsidiaria en suelo Yemení en un contexto de disputa regional. Irán es un país de mayoría chiita y revisionista que está en contra del orden regional existente y busca su cambio a través del aumento de las zonas de influencia y la lucha contra Arabia Saudita, a quien por el contrario se lo puede considerar un país statuquista y pro-occidental, cuyo objetivo es lograr el liderazgo del mundo suní de la región. La política exterior de ambos países aplicada al caso de Yemen refleja la rivalidad suni-chií y los modelos de organización y alineación regional antagónicos a los que aspiran, que son el engranaje de su competencia geoestratégica en la región.
Sin embargo, lo que agrava la situación es la presencia de grupos externos, no estatales, como lo son el terrorismo yihadista de la mano de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) que se estableció en la zona luego de la finalización de la guerra de Afganistan, y el Movimiento Secesionista del Sur (Hirak al Yanubi) surgido en el 2017. Ambos grupos en determinadas partes del territorio son aliados entre sí, y en otras se enfrentan por el control. Lo que tienen en común es que ambos están enfrentados a los Hutíes. Por otra parte, recientemente (entre 2014 y 2015) se han establecido células terroristas de ISIS, quienes perpetúan ataques con los Hutíes y compiten por el liderazgo terrorista con AQPA.
La sociedad civil es la que resulta principalmente afectada por este conflicto que ha generado una catástrofe humanitaria, donde las vidas de personas inocentes son puestas en peligro todos los días, obligándolas a huir de sus hogares en busca de seguridad, motivo por el que existen más de tres millones de desplazados y, según datos de la ONU, el 80% de la población se encuentra en situación de necesidad de ayuda humanitaria y protección, sumando a que el 58% de los Yemeníes viven en la pobreza extrema. Todo esto es una consecuencia directa de la desarticulación estatal y su imposibilidad de prestar los servicios básicos a la población causada por este nuevo tipo de guerra.
¿Por qué se lo puede considerar un Estado fallido?
Este país posee una característica fundamental: su estructura social es tribal, es decir que existe una importante fragmentación territorial al interior del país, en donde coexisten múltiples tribus que son rivales entre sí, transformando el espectro civil, en donde el Estado no detenta una soberanía interna, aunque cuente con independencia jurídica formal. Es decir que Yemen es un país reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y los Estados miembro pero que sin embargo, y a pesar de ello, no posee soberanía interna, es decir un control interno sobre el territorio por parte de autoridades representativas del país, que se puede visibilizar en el exilio del presidente reconocido internacionalmente y otras autoridades importantes de gobierno dando cuenta de la debilidad política del Estado y sus instituciones.
Esta falta de posesión del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, genera una imposibilidad de control de fronteras que excluya del territorio a actores externos como son AQPA, Arabia Saudita, y todas las empresas privadas de seguridad que operan en el territorio, imposibilitando la resolución del conflicto por parte del control central estatal, a través de los marcos legales establecidos.
Como efecto de esta fragilidad y deficiente capacidad que tiene el Estado Yemení de cumplir con sus obligaciones básicas que, a pesar de existir formalmente, no funciona, se puede decir que Yemen es un Estado fallido, pero que cuenta con la posibilidad de rearmarse y recuperar sus capacidades. Es decir que podría ser definido como un Estado fallido, pero no colapsado, por lo que su situación puede ser reversible, pero también puede rápidamente terminar por colapsar cada una de sus instituciones y capacidades o desembocar en un Frozen Conflict, es decir, una situación en donde no haya un acuerdo de paz que materialice el fin de la guerra y las rivalidades, pudiendo ésta reactivarse en cualquier momento.
En busca de una solución
Si la situación actual continúa mucho tiempo más, podría determinar el total colapso estatal y los efectos de su derrumbamiento podrían afectar enormemente la seguridad de la región, desbordando los límites internos, por su efecto contagio de inestabilidad y por las consecuencias negativas de los problemas económicos. Una zona sin autoridad soberana en un contexto de espiral de violencia, generaría una preocupación global enorme por su amenaza mundial de exportación de inseguridad.
Es de suma urgencia que la comunidad internacional se embarque en la búsqueda de una salida exitosa a esta convulsión, teniendo en cuenta que no han prosperado los múltiples intentos por lograr un acuerdo político nacional que se han dado a lo largo de los años. El último ensayo se puede encontrar en la iniciativa saudí para concordar un alto fuego, que fue negada por parte de los Huties la semana pasada. Esto último se dio como una consecuencia directa del giro que dio la administración Biden en relación a esta guerra, ya que decidió quitar a los Huties de la lista de grupos terroristas, y determinó la potencial suspensión de los acuerdos de ventas de armas. Sin embargo, será necesario que a esta política se plieguen los demás países occidentales que venden armas a Arabia Saudita (Reino Unido y Francia principalmente) para acabar con la campaña militar que lleva a cabo la coalición internacional liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes unidos. Este podría ser un primer paso para lograr un acuerdo.
Algunos expertos sostienen que no hay que descartar la partición de Yemen teniendo en cuenta que actualmente cuenta con el gobierno formalmente reconocido y otro autoproclamado en el sur, el Consejo de Transicion del Sur, administrado por los Hutíes. En cambio, para evitar esta separación, otros analistas ven necesario lograr, en primer lugar, una aceptación de la sociedad de un acuerdo de un Yemen unificado, que dé lugar, a un acuerdo político de solución de arriba hacia abajo entre los actores internacionales y los diversos gobiernos para impartir en suelo yemení pero con la anterior adhesión civil, de forma que la convivencia y el acuerdo político cuente con una legitimidad popular fuerte y el acuerdo de paz logre ser exitoso sosteniéndose a lo largo del tiempo. De esta forma, se le devolvería al Estado sus facultades y el monopolio legítimo de la violencia para que prospere una soberanía consolidada, evitando la inviabilidad y el desplome irreversible del mismo.
Esta guerra, a pesar de estar marcada por graves violaciones de Derechos Humanos por parte de todos los actores y una crisis humanitaria que no ha cobrado mayor relevancia mediática ni internacional, parece no tener un fin en el corto plazo. Es por esto que resulta necesario lograr un acuerdo político, que podría ser mediado por la Comisión de Consolidación de la Paz, entre todas las partes implicadas en el conflicto, para lograr establecer un gobierno de transición y el retiro de las Fuerzas Armadas de Riad del territorio yemení. De esta forma, se devolvería al Estado el dominio de su territorio y el monopolio del uso de la violencia, recuperando su soberanía, ayudando esta situación a la expulsión de la amenaza híbrida que constituye AQPA. Para esto también es necesario establecer nuevos marcos normativos que regulen los enfrentamientos asimétricos e híbridos en donde están implicados actores no estatales irregulares.
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