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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dio a conocer en un comunicado oficial, emitido el pasado martes, que el gobierno de la recién asumida presidente, Dina Boluarte, ordenó al embajador de México que abandone el país andino en el plazo dentro de las 72 horas, declarándolo a su vez como una “persona non grata”.
El argumento de dicha decisión se basó en la confirmación de que el gobierno mexicano concedió asilo a la familia del reciente expresidente derrocado, y más precisamente luego de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijera que había ofrecido asilo a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien ya se encontraban en la embajada de México en la ciudad capital de Lima.
Fuente: CNN.
En este sentido, si bien el canciller Ebrard no identificó quienes son los miembros de la familia de Castillo que formaban parte de la misión diplomática, la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi Díaz, dijo el pasado martes que serán la esposa e hijos del exmandatario a quienes se les otorgará un salvoconducto para salir del país.
El comunicado de la cancillera peruana declara que la decisión tambien se tomó luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitirá una serie de comentarios sobre la situación política de Perú, en lo que se constituye como “una injerencia inaceptable en los asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención”.
López Obrador es uno de los líderes que ha criticado reiteradamente la destitución de Castillo, argumentó que el líder de izquierda peruano fue víctima de “hostigamiento por parte de sus adversarios, especialmente las élites económicas y políticas de ese país”. Y de igual manera, llevó adelante la firma de una declaración conjunto con los gobiernos de Colombia, Argentina y Bolivia, en el que expresaron “su preocupación por el destino de Castillo, que fue víctima de un acoso antidemocrático desde su elección el año pasado” e instaron a Perú “a honrar los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado”.
Todo esto tiene lugar dos semanas después de que Pedro Castillo, un ex maestro y líder sindical de las zonas rurales de Perú, fuera acusado de corrupción y destituido de su cargo por intentar disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia, una táctica que los legisladores criticaron como un intento de golpe. El mismo fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México en Lima, en la que pidió asilo político, y luego puesto bajo “prisión preventiva” por supuesta rebelión y concierto para delinquir, acusaciones que niega.
Fuente: CNN.
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Mala costumbre la de muchos presidentes latinoamericanos el meterse en los asuntos internos de otros países. Una tremenda falta de respeto la de López Obrador.