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Luego de múltiples manifestaciones en todo el país, el nuevo gobierno de Perú en manos de Dina Boluarte anunció el pasado martes que se llevarán a cabo elecciones anticipadas. El Congreso aprobó esta decisión con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, aunque faltaría una segunda votación para confirmar el anticipo de los comicios, según el presidente del Congreso José Williams.
La reforma, además, contempla la renuncia de la actual gobernante Boluarte al ganador de los comicios de julio del 2024, algo que la mandataria aseguró. Cabe destacar que Boluarte pidió el pasado sábado al Congreso que “reconsideraran su posición” ya que más del 80% de los peruanos exigían elecciones generales en medio del caos político que se vive en el país. “Mirar a la gente y actuar en consonancia con lo que están pidiendo. Exijo que se reconsidere la votación para llevar a elecciones”, declaró.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una comisión liderada por su secretaria Tania Reneaum a Lima, con el objetivo de reunirse con autoridades “para recibir información sobre la crisis institucional y protestas”. Esto ocurrió el martes, donde la CIDH se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno.
Por lo pronto, existe una gran parte de la sociedad que aún pide por la liberación de Castillo, accionar que es apoyado por países de la región. Además, la esposa e hijos de Pedro Castillo ya se encuentran desde el martes en la embajada de México en Lima y se les otorgó asilo, movimiento que el gobierno peruano consideró como una “injerencia en los asuntos internos del país” declarando persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.
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