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Cuando se menciona a la figura de Dairo Antonio Usuga, mejor conocido como “Otoniel”, se debe pensar en una extensa carrera criminal de 35 años en diferentes etapas del conflicto armado.
El ex líder del cartel de drogas más grande de Colombia ha formado parte de varios de los principales grupos armados ilegales de los últimos 30 años. Desde su ingreso a las FARC en 1986, pasando por las filas del Ejército Popular de Liberación (EPL) , las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUUC), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta convertirse en el jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, actualmente conocidas como “El Clan del Golfo”.
La actual organización creada en el 2012 por Otoniel y alias “Don Mario” ha sido responsable de producir y exportar casi la mitad del mercado de cocaína local en los últimos años. Por esta razón, el líder narco de 51 años ha sido comparado con la figura de Pablo Escobar ofreciéndose sumas millonarias en dólares por su paradero.
A cuatro meses de su captura, quien fuera el hombre más buscado en Colombia ha comenzado a declarar ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) contando su versión de la guerra. Dicha declaración se vio interrumpida por uniformados de la Policía Judicial aduciendo una supuesta violación al protocolo durante la sesión en la cual se habría dado a conocer la descripción exacta del lugar donde permanece detenido el capo narco.
Luego de este hecho, las grabaciones digitales de dicha declaración fueron robadas de la vivienda de un investigador de la Comisión de la Verdad, obstaculizando y enrareciendo aún más el clima en el que toman lugar las entrevistas, aunque afortunadamente una copia de las grabaciones fue hecha con antelación.
Esto nos lleva a preguntarnos sobre quienes serían los principales afectados por los testimonios del ex líder paramilitar y porque es tan importante que la Comisión obtenga las garantías y las condiciones necesarias para que dicha entrevista tome lugar en un espacio de privacidad y confidencialidad.
Conviene subrayar que Otoniel se ha comprometido a dar a conocer todos sus contactos y las redes de corrupción que le permitieron sostenerse por 35 años en el conflicto armado y el negocio del narcotráfico. Una figura como la de Usuga podría aportar información sobre los grupos irregulares de los que formo parte y, más importante aún, datos sobre la complicidad y connivencia de políticos, empresarios e integrantes de las fuerzas de seguridad.
En efecto, llevar una guerra prolongada en una región como el Urabá antioqueño no es posible sin tejer una red de alianzas con sectores que van desde el Ejército y la policía, hasta sectores del poder judicial incluidos. A esto se le debe sumar los nexos en el mundo del narcotráfico con las FARC, el lavado de dinero y las alianzas con el Ejército para combatir al Ejército de Liberación Nacional.
A pesar de estas acciones intimidatorias, los dichos de Otoniel quedaron plasmados en un documento presentado ante la Comisión de Verdad al momento de solicitar su ingreso a la JEP. En dicho expediente figurarían detalles de las alianzas establecidas entre él y los integrantes del EPL con la fuerza pública. En particular, de acuerdo a la información brindada, el montaje de una supuesta desmovilización del EPL con la finalidad de engrosar las filas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Al mismo tiempo, sus declaraciones podrían comprometer al ex presidente Álvaro Uribe con pruebas de la participaron de políticos y empresarios en el financiamiento de grupos paramilitares y la planificación sistemática de asesinatos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Ante estos sucesos, puede entenderse la búsqueda de acelerar lo más posible el proceso de extradición de Usuga a los Estados Unidos, donde será procesado únicamente por narcotráfico. Conviene subrayar que la JEP, desde la firma del acuerdo de paz a fines del 2016, ha sido constantemente atacada y asediada por el Centro Democrático, el partido fundado por el mismo Uribe.
Otoniel debe ser juzgado por sus crímenes en Colombia antes de ser extraditado. Para que eso suceda la JEP debe aceptarlo como colaborador de las Fuerzas Armadas y como promotor de grupos paramilitares. A partir de ahí, la sociedad colombiana tendrá acceso a la verdad de un conflicto que persiste en el tiempo y el cual permanece irresuelto.
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Rara la trayectoria de este muchacho. Fue virando de las FARC hasta las autodefensas, de la izquierda a la derecha. Seguramente habrá gente que lo quiera silenciar, para siempre.