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El Gobierno comenzó este viernes a instrumentar las medidas anunciadas por Javier Milei durante la cadena nacional por las Islas Malvinas, con la publicación de dos normas que modifican el régimen de sanciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina y amplían partidas presupuestarias para Defensa, Cancillería, Inteligencia y otros organismos del Estado.
Las primeras decisiones quedaron formalizadas mediante el Decreto 868/2026 y el DNU 867/2026, publicados en el Boletín Oficial después de que el Presidente anunciara una nueva estrategia frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion y planteara que Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida pasarán a ocupar un lugar central dentro de la política de seguridad nacional.
La principal novedad está en el mecanismo elegido para presionar a las compañías involucradas en actividades que Argentina considera ilegales en la zona bajo disputa con Reino Unido. A partir del sábado, las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán acreditar que ni ellas ni sus socios directos o indirectos participan de actividades alcanzadas por la Ley 26.659, que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El mismo requisito comenzará a aplicarse para quienes busquen obtener nuevos permisos, concesiones o autorizaciones hidrocarburíferas en el país. En paralelo, Cancillería pasará a concentrar los procedimientos sancionatorios y todos los organismos de la Administración Pública Nacional estarán obligados a informar posibles infracciones dentro de los cinco días hábiles de tomar conocimiento. El esquema convierte así el acceso al mercado argentino en una de las principales herramientas económicas elegidas por el Gobierno para aumentar el costo de participar en proyectos desarrollados bajo autorización británica alrededor de Malvinas.
El RIGI entra en la estrategia argentina por Malvinas
El Decreto 868 introduce uno de los cambios que no había quedado expuesto con el mismo nivel de detalle durante la cadena presidencial. Todo Vehículo de Proyecto Único que solicite ingresar al RIGI deberá presentar una declaración jurada confirmando que no realiza ni realizará actividades prohibidas por la Ley 26.659.
La exigencia tampoco quedará limitada a la sociedad que presenta formalmente el proyecto. La norma dispone que deberán ser evaluadas también las personas físicas o jurídicas que tengan participación directa o indirecta en ese vehículo de inversión. Antes de aprobar una adhesión, además, la autoridad competente deberá realizar una consulta obligatoria a Cancillería para determinar si existen antecedentes o vínculos con las actividades sancionadas por la legislación argentina.
El decreto plantea expresamente que resultaría contradictorio que el Estado sancionara a una compañía por participar en explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas y, al mismo tiempo, le concediera los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI. La decisión amplía considerablemente el alcance potencial de la política anunciada por Milei. Ya no se trata solamente de aplicar una sanción administrativa contra una compañía que opere directamente alrededor de las islas, sino de revisar si los grupos empresarios que participan de esas actividades pueden acceder posteriormente a grandes proyectos de inversión en Argentina.
El Gobierno aplicará una condición equivalente al sector hidrocarburífero. Las empresas que pretendan obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones en el mercado argentino deberán declarar que no realizan ni realizarán actividades alcanzadas por la Ley 26.659. En el caso de sociedades, la exigencia alcanzará nuevamente a sus participantes directos e indirectos. Es la traducción normativa del dilema que Milei presentó durante la cadena: las compañías deberán evaluar si mantienen actividades vinculadas con la explotación británica alrededor de Malvinas o si priorizan su acceso al mercado argentino.
Cancillería acelerará las investigaciones y sanciones
El segundo cambio central está en la forma en que el Estado detectará y tramitará las posibles infracciones. Cancillería quedó designada como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y pasará a concentrar el procedimiento administrativo. Al mismo tiempo, todos los organismos nacionales deberán comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores cualquier posible infracción dentro de los cinco días hábiles administrativos posteriores a tomar conocimiento.
Si Cancillería considera que existen indicios suficientes, podrá ordenar la apertura de un sumario. El investigado tendrá entonces 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Finalizada esa instancia, o concluida la etapa probatoria en caso de ser necesaria, el Ministerio dispondrá de otros 10 días hábiles para resolver. Cuando exista una sanción, la decisión deberá publicarse en el Boletín Oficial y notificarse también a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal, entre otros organismos que puedan intervenir posteriormente.
El decreto busca así reducir los tiempos administrativos y transformar a diferentes áreas del Estado en una red de detección de compañías vinculadas con actividades no autorizadas. Sin embargo, las penas previstas por la legislación todavía no fueron modificadas. La Ley 26.659 ya contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y otras consecuencias para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Lo que hizo el Ejecutivo este viernes fue acelerar y coordinar su aplicación. El endurecimiento de sanciones anunciado por Milei —incluyendo nuevas penalidades para proveedores, restricciones para contratar con privados y organismos públicos y la extensión hacia otras actividades relacionadas con recursos naturales— necesitará una modificación legislativa y todavía depende del Congreso.
Defensa recibe un refuerzo presupuestario por casi 218.000 millones de pesos
La segunda parte del paquete quedó instrumentada mediante el DNU 867/2026, que modifica el Presupuesto 2026 y ya se encuentra vigente. Las planillas anexas muestran modificaciones positivas por aproximadamente 217.954 millones de pesos para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. El Ministerio concentra cerca de 114.733 millones de pesos, mientras que el Ejército recibe alrededor de 60.430 millones, la Fuerza Aérea 34.157 millones, la Armada 8.116 millones y el Estado Mayor Conjunto unos 519 millones.
Los fondos comprenden partidas destinadas a equipamiento, mantenimiento, alistamiento y adelantos a proveedores y contratistas vinculados con programas de largo plazo. En los considerandos, el Gobierno justifica el refuerzo por la necesidad de incorporar, modernizar y recuperar medios y equipamiento de las Fuerzas Armadas.
Existe, sin embargo, una diferencia entre lo anunciado por Milei y el texto presupuestario publicado. Durante la cadena, el Presidente sostuvo que la ampliación de recursos de Defensa tendría como objetivo prioritario avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y aumentar las capacidades de telecomunicaciones. El DNU no individualiza esas partidas ni menciona expresamente a la Base Naval Integrada como destinataria. Por lo tanto, la decisión presidencial marca una prioridad política, pero todavía será necesario seguir la ejecución presupuestaria para determinar qué recursos concretos se asignarán al proyecto fueguino.
Más recursos para Inteligencia y una partida específica para Malvinas
El DNU también introduce modificaciones relevantes en otras áreas del Estado. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibe alrededor de 30.519 millones de pesos adicionales para su programa de Información e Inteligencia, incluyendo gastos corrientes, equipamiento y sistemas informáticos. El aumento coincide con el anuncio presidencial de crear una nueva estructura de seguridad nacional que coordine Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales también registra un aumento de aproximadamente 119.290 millones de pesos para diferentes proyectos, equipamiento y programas satelitales. En cambio, dentro del presupuesto de Cancillería sí aparece una asignación identificada expresamente con la política exterior austral. Las planillas incorporan unos 561 millones de pesos para el programa denominado “Acciones Diplomáticas asociadas a la Cuestión Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur”, destinados a gastos de personal.
Lo que todavía depende del Congreso
La publicación del Boletín Oficial no completa todo el paquete anunciado durante la cadena. Milei anticipó que enviará con carácter urgente una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinada a modificar la Ley 26.659 y ampliar el alcance de las sanciones. El proyecto deberá equiparar las penas aplicadas a las empresas con las de sus proveedores, restringir la posibilidad de contratar en Argentina, ampliar el régimen hacia otras actividades desarrolladas en las islas y contemplar, cuando corresponda, mecanismos de juicio en ausencia.
La iniciativa incluirá además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encargado de articular a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía y establecer una política transversal sobre infraestructura crítica y protección marítima y aeroespacial. Esas medidas todavía no tienen fuerza de ley.
Lo que sí quedó en marcha desde este viernes es la primera etapa de la estrategia anunciada por Milei: un sistema más rápido para detectar y sancionar empresas, nuevos controles para acceder al RIGI y al mercado petrolero argentino y una ampliación presupuestaria para áreas centrales de Defensa, Cancillería e Inteligencia. El próximo capítulo se trasladará al Congreso, donde el Gobierno deberá buscar respaldo para transformar el resto de los anuncios presidenciales en legislación efectiva.
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