“Las licencias de producción de petróleo las otorga la administración de Malvinas”: Reino Unido responde por Sea Lion

El Gobierno británico afirmó que la facultad de otorgar licencias de producción petrolera en las Islas Malvinas corresponde a la administración del archipiélago y no al secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en una nueva respuesta parlamentaria sobre el proyecto Sea Lion. La aclaración fue realizada el viernes 13 de noviembre por la baronesa Winterton de Doncaster, en respuesta a una consulta que buscaba determinar si Londres había autorizado durante 2026 una licencia de producción para Navitas Petroleum y si había exigido una evaluación de las emisiones indirectas vinculadas con la explotación del yacimiento.

Plataforma petrolera de Navitas Petroleum, la firma israelí que opera y participa –mayoritariamente– del proyecto de extracción petrolera offshore Sea Lion en las Islas Malvinas. Imagen ilustrativa. Créditos: Oaklins.

“La facultad de expedir licencias de producción corresponde al Gobierno de las Islas Malvinas y no al secretario de Relaciones Exteriores”, sostuvo Winterton en la respuesta escrita HL4728, publicada por el Parlamento británico. La declaración identifica a la administración de las islas como autoridad encargada de emitir las licencias, pero no confirma ni desmiente que Navitas haya recibido una autorización específica durante este año. Tampoco responde expresamente si el Gobierno británico solicitó incorporar las emisiones de alcance 3 en la evaluación ambiental del proyecto.

La pregunta había sido presentada el 29 de octubre por Lord Moynihan, integrante conservador de la Cámara de los Lores, quien viene solicitando precisiones sobre la intervención del Gobierno británico en las autorizaciones petroleras de Malvinas. Su nueva consulta se produce después de que Londres reconociera que las licencias hidrocarburíferas nuevas requieren el consentimiento del secretario de Relaciones Exteriores, aunque evitó identificar las decisiones adoptadas respecto de Sea Lion.

El 2 de octubre, Escenario Mundial informó que el Gobierno británico había confirmado esa exigencia de consentimiento, sin precisar si Sea Lion había obtenido la conformidad correspondiente. La respuesta del 13 de noviembre introduce una aclaración sobre quién expide las licencias, pero no elimina la intervención prevista para Londres en el procedimiento.

Reino Unido distingue la expedición de licencias petroleras del consentimiento de Londres

El régimen de autorización de hidrocarburos aplicado por la administración británica de Malvinas se encuentra regulado por la Offshore Minerals Ordinance 1994. Su artículo 6 contempla que el gobernador de las islas puede otorgar licencias de exploración o producción con el consentimiento del secretario de Estado británico. Por lo tanto, la autoridad que formalmente expide una licencia y la autoridad cuya conformidad requiere el procedimiento cumplen funciones diferentes.

Esta distinción ya había sido reconocida por el propio Gobierno británico. El 1 de octubre, Lord Wood de Anfield respondió a una consulta parlamentaria que cualquier licencia hidrocarburífera nueva necesitaba el consentimiento del secretario de Estado, de acuerdo con la legislación aplicable en las islas. El 28 de octubre reiteró esa posición al contestar otra pregunta de Moynihan sobre el desarrollo de Sea Lion.

La respuesta de Winterton no modifica expresamente esas condiciones. Se limita a señalar que la facultad de expedición corresponde a la administración de las islas, sin aclarar si el secretario británico intervino en alguna autorización concreta durante 2026. Tampoco identifica fechas, documentos de consentimiento o decisiones administrativas vinculadas con Navitas.

El antecedente inmediato se produjo el 21 de septiembre, cuando la administración británica de Malvinas anunció la extensión de sus licencias hidrocarburíferas existentes por cinco años, con posibilidad de prórroga por otros dos. La decisión, según el comunicado oficial, contaba con el respaldo completo del Gobierno británico y comprendía licencias que se encontraban en fase exploratoria.

Escenario Mundial informó el 22 de septiembre que Argentina presentó una protesta formal contra esa decisión y advirtió sobre nuevas sanciones a las compañías involucradas. La medida también autorizó a Navitas Petroleum Atlantic Limited a adquirir el 65% de participación en la licencia PL001, un bloque cercano a Sea Lion que no debe confundirse con las áreas principales del desarrollo petrolero.

La terminología utilizada por las autoridades británicas requiere otra precisión. Una licencia denominada de “producción” puede habilitar actividades de exploración y extracción dentro de un área determinada, pero el propio régimen de las islas exige la aprobación del plan de desarrollo correspondiente antes de comenzar la producción comercial. Por eso, la extensión de licencias existentes no equivale automáticamente a una nueva autorización para iniciar la explotación efectiva de petróleo.

Salón de audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo durante el caso nº 37, Argentina c. Reino Unido, sobre medidas provisionales por explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. Créditos: Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS).

La respuesta llega mientras Argentina espera una decisión judicial sobre Sea Lion

La aclaración parlamentaria se conoce en medio de la controversia entre Argentina y Reino Unido por el desarrollo de Sea Lion, proyecto operado por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires considera ilegales las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por la administración británica en los espacios marítimos cuya soberanía reclama. Londres, por su parte, respalda el derecho que atribuye a los habitantes de las islas para administrar sus recursos naturales, una interpretación que Argentina rechaza en el marco de la disputa de soberanía.

El 12 de noviembre, Escenario Mundial informó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar prevé anunciar el próximo 28 de noviembre su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina contra Sea Lion. El procedimiento, identificado como Caso 37, comprende el pedido argentino para detener las actividades de explotación mientras avanza el arbitraje internacional sobre la controversia marítima.

Durante las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Argentina cuestionó las autorizaciones británicas y advirtió sobre posibles consecuencias ambientales de la explotación. Reino Unido rechazó los planteos argentinos y defendió el marco jurídico aplicado a las operaciones.

La consulta de Moynihan incorporó, además, una cuestión ambiental específica: las emisiones de alcance 3, que comprenden emisiones indirectas generadas en la cadena de valor de una empresa, incluidas las asociadas con el uso posterior del petróleo comercializado. La administración británica de Malvinas dispone de una evaluación de impacto ambiental del proyecto Sea Lion, pero la respuesta HL4728 no aclara si Londres exigió específicamente considerar esas emisiones.

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