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La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, denunció ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos no renovables a 200 kilómetros de las Islas Malvinas a través del proyecto petrolero Sea Lion. Al detallar la posición oficial del Estado argentino en el marco del Caso N.º 37, la funcionaria remarcó la urgencia del reclamo cautelar debido a que las operaciones en la Cuenca Malvinas Norte cruzaron un umbral crítico al pasar de su fase exploratoria a una etapa de explotación activa, lo que vuelve inminente la extracción masiva de hidrocarburos. Ibarzábal Murphy enfatizó que esta presentación constituye la primera oportunidad histórica en que la República Argentina acude ante un tribunal internacional para exigir la protección preventiva de estos activos estratégicos.
La Secretaria Legal y Técnica puntualizó enfáticamente que la demanda argentina no procura que el tribunal resuelva la disputa de soberanía territorial pendiente con el Reino Unido, dado que el organismo carece de competencia para decidir sobre la titularidad del territorio. En su lugar, la funcionaria aclaró que el objetivo central consiste en solicitar que, mientras subsista y se resuelva la controversia de fondo por las vías correspondientes, se imponga la salvaguardia efectiva de los bienes marinos amenazados por las perforaciones unilaterales. Ibarzábal Murphy argumentó que la iniciativa británica genera un daño irreparable sobre recursos finitos que no podrán ser restituidos en el futuro, advirtiendo además sobre los graves riesgos ambientales que pesan sobre la región, donde cualquier eventual marea negra o incidente en las plataformas afectará de manera directa al mar argentino por la estricta proximidad geográfica. Asimismo, sostuvo que la petición satisface plenamente las exigencias del derecho internacional sobre competencia prima facie del tribunal, plausibilidad de los derechos invocados y urgencia para evitar un perjuicio insalvable.
La desproporción demográfica y los recursos de la plataforma continental según Cancillería
Durante las vistas orales celebradas en Alemania —cobertura que Escenario Mundial detalló el 10 de noviembre de 2026—, la delegación argentina encabezada por Ibarzábal Murphy contó con la destacada intervención del director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, embajador Mario Oyarzábal. Al abrir la fundamentación de la estrategia diplomática ante los magistrados, Oyarzábal afirmó categóricamente que los isleños no pueden apropiarse unilateralmente de los recursos de la plataforma continental en disputa. Para respaldar la desproporción jurídica y demográfica del planteo británico, el diplomático precisó que el censo de 2021 registró únicamente 3.142 residentes habituales en el archipiélago, de los cuales solo 1.625 poseen el denominado Falkland Islands Status, una condición administrativa concedida de manera discrecional por el Gobernador designado por la Corona británica y no un derecho de nacimiento.
Frente a esta reducida población insular, Oyarzábal contrapuso los derechos colectivos de la totalidad del pueblo argentino, compuesto por aproximadamente 46 millones de personas —incluidos los 1.247 habitantes nacidos en las Islas Malvinas—, cuyo patrimonio en el suelo y subsuelo marino está amparado bajo el principio consuetudinario de soberanía permanente sobre los recursos naturales. La representación argentina argumentó ante el cuerpo de jueces que permitir que una autoridad colonial administre o enajene bienes finitos en un espacio marítimo bajo controversia internacional constituye una vulneración flagrante del ordenamiento jurídico multilateral.
Fundamentación jurídica, antecedentes de riesgo y el impacto de las sanciones
El desarrollo estrictamente jurídico del reclamo estuvo respaldado por la exposición del especialista Marcelo Kohen —exjuez ad hoc del TIDM que encabezó en 2012 la estrategia argentina en el caso de la fragata ARA Libertad retenida en Ghana—, quien sustentó la solicitud en las Resoluciones 2065 (1965) y 31/49 (1976) de la Asamblea General de la ONU. Dichas resoluciones imponen a las partes la obligación de no innovar unilateralmente en territorios sujetos a descolonización, invocando la máxima de que “la tierra domina al mar”. La defensa técnica remarcó que las actividades unilaterales alteran el statu quo del litigio territorial y contravienen las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En materia de seguridad operativa y protección ambiental, la representación argentina advirtió sobre los antecedentes de falla en la zona, recordando que en abril de 2015 un dispositivo impedidor de reventones (blowout preventer) falló durante una exploración a 30 kilómetros al sur del yacimiento Sea Lion. Asimismo, se recordó que las plataformas proyectadas se ubican dentro de la región de búsqueda y rescate (SAR) asumida formalmente por la República Argentina bajo la normativa internacional. Estos factores de riesgo cobran singular relevancia dado que, tal como informó Escenario Mundial en su reporte del 5 de octubre de 2026, las sanciones legales aplicadas por la Argentina ya habían comenzado a impactar en la estructura del proyecto, forzando a la operadora Navitas Petroleum a reemplazar a dos contratistas principales.
Las cuatro medidas cautelares y la cuenta regresiva hacia la resolución del 28 de noviembre
Para frenar los trabajos programados sobre el bloque de 541 kilómetros cuadrados operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, la Argentina solicitó al tribunal la adopción de cuatro medidas cautelares provisionales: suspender de inmediato toda actividad de explotación en Sea Lion, congelar el otorgamiento de nuevas licencias de exploración o explotación, prohibir el uso en beneficio británico de la información técnica obtenida en la zona marítima disputada, y garantizar la protección del medio marino bajo los artículos 192 y 194 de la Convemar. Como detalló Escenario Mundial en su análisis del 9 de noviembre de 2026, el dictado de estas medidas preventivas conforme al artículo 290 posee un carácter estrictamente vinculante y obligatorio para los Estados parte.
Tras la finalización de las audiencias orales el 11 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar inició su período deliberativo y confirmó oficialmente la fecha clave del proceso: anunciará su fallo el próximo sábado 28 de noviembre a las 12:00 de Hamburgo (8:00 hora argentina). Tal como ratificó Escenario Mundial en su cobertura del 12 de noviembre de 2026, este pronunciamiento determinará si se imponen restricciones judiciales obligatorias que congelen las actividades hidrocarburíferas británicas antes del inicio formal de las perforaciones proyectadas para enero de 2027.
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