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El Gobierno argentino rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina, mediante un comunicado oficial difundido este miércoles 11 de noviembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La Cancillería calificó la medida de Teherán como una acusación sin fundamento contra dos instituciones de las Fuerzas Armadas y volvió a exigir que las autoridades iraníes cooperen con la Justicia argentina en las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores en su pronunciamiento, difundido horas después de que Irán anunciara que consideraba organizaciones terroristas a las dos fuerzas militares argentinas. El comunicado defendió su carácter constitucional y destacó que ambas instituciones están dedicadas a la defensa de la soberanía nacional, con funciones que deben desarrollarse conforme a la legislación argentina, el derecho internacional y los tratados suscriptos por el país.
La respuesta representa una nueva instancia del enfrentamiento diplomático entre Buenos Aires y Teherán, que se profundizó desde que el Gobierno de Javier Milei incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al registro nacional de organizaciones terroristas. Irán justificó su decisión mediante el principio de reciprocidad y una ley aprobada en 2019, mientras que Argentina sostiene que aquella designación se fundamentó en los antecedentes judiciales vinculados con los atentados perpetrados en Buenos Aires durante la década de 1990.
Como informó Escenario Mundial este miércoles, Irán anunció la clasificación de la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas y advirtió que el Gobierno nacional sería responsable de las consecuencias. La Cancillería iraní no precisó qué medidas concretas podrían derivarse de esa declaración ni explicó por qué incluyó a esas dos instituciones y no al Ejército Argentino. El comunicado argentino tampoco anuncia nuevas sanciones contra Teherán, pero formaliza el rechazo del Gobierno y vuelve a colocar las investigaciones judiciales por terrorismo en el centro de la controversia.
Argentina vuelve a exigir a Irán que entregue a los acusados por los atentados de 1992 y 1994
Además de rechazar la designación de sus fuerzas militares, la Cancillería argentina recordó que la Justicia nacional atribuyó responsabilidades a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994. Ambos ataques provocaron 29 y 85 muertos, respectivamente, y continúan formando parte de una disputa judicial y diplomática que lleva más de tres décadas. Teherán ha rechazado reiteradamente las acusaciones sobre su participación en esos hechos.
En el comunicado, el Gobierno argentino cuestionó especialmente la falta de colaboración iraní con las investigaciones. Según sostuvo la Cancillería, Irán continúa sin cooperar con los tribunales nacionales, incumple órdenes internacionales de detención y mantiene en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia argentina. El pronunciamiento remarca que los acusados no han comparecido ante los tribunales argentinos, pese al tiempo transcurrido desde los atentados.
La referencia a los funcionarios buscados por la Justicia está relacionada con uno de los antecedentes que motivaron la designación argentina del CGRI. Escenario Mundial informó el 31 de marzo que el Gobierno había declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, citando investigaciones judiciales y antecedentes de funcionarios iraníes sobre los que pesan requerimientos internacionales. Entre ellos figura Ahmad Vahidi, exministro de Defensa iraní, cuyo nombre aparece vinculado con las investigaciones argentinas y quien fue designado al frente de la Guardia Revolucionaria.
La Cancillería también reiteró su compromiso con los familiares de las víctimas y con la comunidad judía argentina. En el cierre del documento, el Gobierno reafirmó su posición contra el terrorismo y reclamó nuevamente que Irán ponga a disposición de los tribunales a las personas acusadas. El pedido no incorpora un nuevo mecanismo judicial ni anuncia acciones diplomáticas adicionales, pero demuestra que Buenos Aires mantiene esas exigencias como parte de su respuesta a la decisión iraní.
La respuesta argentina profundiza el enfrentamiento diplomático iniciado en abril
La tensión entre ambos países se intensificó cuando la administración de Milei decidió incorporar a la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión habilitó la aplicación de las restricciones previstas por la normativa argentina para las entidades incorporadas al registro y fue presentada por el Gobierno como una medida destinada a combatir el financiamiento del terrorismo. Irán rechazó aquella clasificación, calificándola de hostil y cuestionando que un Estado extranjero considerara terrorista a una institución integrante de sus Fuerzas Armadas.
La controversia tuvo consecuencias diplomáticas casi inmediatas. El 2 de abril, Escenario Mundial informó que Argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas. Aquella decisión respondió a declaraciones de la Cancillería iraní que Buenos Aires consideró ofensivas e improcedentes, y estuvo acompañada por nuevos cuestionamientos sobre la falta de cooperación con las causas judiciales relacionadas con la AMIA.
La designación anunciada por Irán este 11 de noviembre representa una nueva respuesta dentro de esa secuencia. Teherán invocó una legislación nacional de 2019 que contempla medidas contra los países que respalden la decisión estadounidense de clasificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Sin embargo, la inclusión de la Armada y de la Fuerza Aérea en una clasificación unilateral iraní no equivale a un reconocimiento internacional de esa condición, ni implica automáticamente que otros países deban adoptar medidas similares contra las instituciones argentinas.
El nuevo intercambio también se produce en un contexto de estrecha relación política de Argentina con Estados Unidos e Israel, dos países que mantienen una confrontación con Irán por su programa nuclear, sus capacidades militares y su actividad regional. El Gobierno de Milei ha manifestado reiteradamente su respaldo a Washington y Tel Aviv, mientras Teherán considera que la designación de la Guardia Revolucionaria responde a una política impulsada por sus adversarios internacionales. Esas posiciones forman parte del trasfondo diplomático, aunque el comunicado argentino de este miércoles se concentra específicamente en la defensa de sus Fuerzas Armadas y en las investigaciones judiciales por los atentados.
La declaración iraní tampoco constituye un anuncio de acciones militares contra Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán no comunicó movimientos de sus fuerzas, restricciones concretas sobre unidades navales o aeronaves argentinas ni decisiones adicionales contra oficiales individuales. Del mismo modo, el rechazo argentino no incluye por ahora nuevas medidas de represalia, por lo que las consecuencias operativas y diplomáticas de este intercambio permanecen sin definición pública.
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