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El Gobierno argentino volvió a endurecer públicamente su posición frente al proyecto petrolero Sea Lion y aseguró que buscará impedir que la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas contribuya a consolidar la presencia británica, durante un discurso del canciller Pablo Quirno pronunciado frente al embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns. La declaración llega mientras Argentina mantiene abierto un procedimiento arbitral contra Londres y las sanciones impulsadas contra empresas vinculadas al proyecto comienzan a generar cambios entre sus contratistas.
Quirno formuló el planteo durante la celebración por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), realizada el lunes por la noche en La Rural. Cairns se encontraba entre los diplomáticos presentes y permaneció durante la exposición del canciller, quien cuestionó tanto la negativa británica a reanudar negociaciones sobre la soberanía como el avance unilateral sobre los recursos naturales de los espacios marítimos en disputa.
“El Gobierno británico no solo se niega a entablar negociaciones para solucionar la disputa de soberanía, sino que adopta medidas unilaterales relativas a la explotación de los recursos naturales”, sostuvo Quirno. A continuación, afirmó que impedir que la explotación de esos recursos consolide la posición británica forma parte de la estrategia argentina para recuperar por medios pacíficos el ejercicio de la soberanía.
El mensaje tuvo un destinatario adicional: las empresas y terceros que participan directa o indirectamente de las actividades económicas vinculadas con Malvinas. Quirno advirtió que quienes colaboren con la exploración o explotación de recursos que Argentina considera realizada sin autorización deberán contemplar las consecuencias de esa decisión sobre sus relaciones económicas futuras con el país.
La advertencia llega cuando Sea Lion empieza a perder contratistas
La declaración se produce apenas un día después de que surgieran nuevas señales sobre el impacto de las medidas argentinas en la cadena de proveedores de Sea Lion. Como informó Escenario Mundial, Navitas Petroleum confirmó que trabaja para reemplazar a dos contratistas vinculados con el proyecto, después de reconocer expresamente la continuidad de las acciones impulsadas desde Buenos Aires.
Navitas, operadora de Sea Lion y titular del 65% del proyecto, sostuvo que por el momento no espera un impacto material sobre su cronograma. Sin embargo, incorporó entre sus factores de riesgo la posibilidad de que otros proveedores decidan retirarse, que aparezcan dificultades para sustituir a las empresas que incumplieron sus compromisos o que las acciones regulatorias y legales argentinas continúen ampliándose.
El antecedente inmediato es Halliburton. El Gobierno argentino anunció el 2 de octubre que la compañía estadounidense había confirmado que ninguna de sus filiales prestaría servicios para Sea Lion ni participaría en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Buenos Aires presentó aquella decisión como resultado de las gestiones realizadas por Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica.
Durante septiembre, además, la Cancillería informó que había enviado cerca de 180 advertencias a personas y empresas localizadas en 30 países, iniciado 60 procedimientos administrativos y presentado tres denuncias penales que alcanzaban a diez compañías y sus directivos. El objetivo declarado es elevar el costo legal y comercial para quienes participen de actividades hidrocarburíferas que Argentina considera desarrolladas sin autorización nacional.
Sea Lion es operado por Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto avanza hacia el inicio de las perforaciones previsto para 2027 y contempla comenzar la producción durante 2028.
Argentina mantiene abierta la vía del arbitraje contra Reino Unido
La presión empresarial se desarrolla en paralelo con una ofensiva jurídica contra Londres. Argentina inició el 28 de septiembre el procedimiento de arbitraje previsto por el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y emplazó al Reino Unido a adoptar, dentro de un plazo de dos semanas, medidas destinadas a impedir el inicio o continuación de las actividades hidrocarburíferas.
El Gobierno anticipó que, si Londres no responde favorablemente al requerimiento, solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La apertura del procedimiento no significa que Sea Lion haya quedado suspendido ni que exista ya una resolución internacional contra el proyecto: inicia una instancia jurídica cuyos tiempos y resultado todavía permanecen abiertos.
Reino Unido rechazó la iniciativa argentina y sostuvo que las actividades económicas desarrolladas bajo la administración de las islas cumplen con el derecho internacional. Londres volvió además a invocar el principio de autodeterminación de los habitantes como fundamento de su posición.
Buenos Aires rechaza la aplicación de ese principio al caso Malvinas y remite a la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a Argentina y Reino Unido a negociar teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. También utiliza como argumento la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente la solución de la controversia.
El intercambio escaló durante los últimos días. Tras el rechazo británico al arbitraje, la Cancillería argentina respondió que si Londres considera que su posición se ajusta al derecho internacional “nada tiene que temer de un tribunal”, mientras el Gobierno británico convocó posteriormente a la embajadora argentina en Londres para transmitir formalmente su protesta.
La intervención de Quirno frente a Cairns suma ahora una nueva escena a ese cruce. El canciller no anunció una medida adicional durante su discurso, pero dejó explícito que la política argentina sobre Sea Lion seguirá combinando presión sobre empresas y proveedores, procedimientos administrativos y judiciales, acciones diplomáticas y la vía jurídica internacional contra Reino Unido.
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