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¿Qué Estado quiere tener la mayor economía de América Latina? A pocos días de las elecciones en Brasil, esta pregunta se vuelve recurrente y su respuesta nos muestra que los programas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro tienen problemas similares —economía, seguridad, salud, educación, infraestructura y ambiente—, pero proponen enfoques y herramientas diferentes. Entonces, es posible afirmar que la campaña de cada uno puede leerse más como una suerte de discusión sobre cuánto se debe invertir, regular y hasta dónde llega la intervención del Estado brasileño.
Economía, el punto débil de Lula y la oportunidad de Flávio
El frente económico hace visible esa diferencia. Brasil llega a la elección con una deuda pública bruta equivalente al 82,5% del PIB y un déficit nominal del 9,3%. Lula propone una consolidación fiscal gradual, con el objetivo de preservar programas sociales y mantener al Estado como impulsor de inversión e infraestructura. El equipo de Flávio plantea un ajuste más acelerado, acompañado por privatizaciones, reducción de burocracia y límites más estrictos al crecimiento del gasto. Ambos reconocen el desequilibrio; la disputa está en quién debe absorber el costo de corregirlo y con qué velocidad.
Esa discusión fiscal se cruza con el empleo, la inflación y el costo de vida. Brasil presenta niveles históricamente bajos de desempleo, pero la insatisfacción económica continúa atravesando la campaña. La razón es que empleo e ingreso no explican por sí solos la percepción de bienestar, pesan también el precio de los alimentos y los servicios, el crédito caro y el endeudamiento doméstico. Es precisamente sobre ese terreno donde Lula decidió intervenir en la recta final de la elección.
El 25 de septiembre, el presidente firmó una medida provisoria que prohíbe las apuestas deportivas de cuota fija y los casinos en línea. La decisión, que debe ser convalidada por el Congreso para mantener su vigencia, llega después de años de expansión de un sector legalizado en 2018 y regulado desde 2023. Las apuestas movilizaban alrededor de R60.000 millones anuales en gasto de consumidores y generaban unos R10.000 millones en ingresos fiscales. Pero también habían quedado asociadas a endeudamiento, adicción y problemas de salud mental.
Lula convirtió ese problema en tema de campaña. Su Gobierno sostiene que las apuestas instalaron un “casino en el bolsillo” de millones de brasileños y acompañó la prohibición con un programa para renegociar hasta R$150.000 millones en deudas familiares, con descuentos mínimos del 90% para determinados pasivos. La medida tiene amplio respaldo social, aunque los sondeos disponibles varían según cómo se formule la pregunta. Flávio Bolsonaro acusa al presidente de actuar por oportunismo electoral y se muestra favorable a prohibir los casinos digitales, pero distingue ese segmento de las apuestas deportivas.
La política social plantea el mismo dilema entre protección y restricción presupuestaria. En septiembre, Bolsa Família alcanzaba a 19,29 millones de familias, con una prestación promedio de R$678,18. Lula propone preservar una red amplia de transferencias y servicios públicos; Flávio plantea reducir el aparato estatal y revisar gastos, aunque mantiene políticas destinadas a sectores vulnerables.
Seguridad: crimen organizado, narcotráfico y control territorial son el gran problema de Brasil
Lula propone crear un Ministerio de Seguridad Pública y reforzar la coordinación entre la Unión, los estados y los municipios. Su estrategia pone el foco en inteligencia, intercambio de información, investigación financiera de las organizaciones criminales, control de armas y fortalecimiento del sistema penitenciario federal.
Flávio Bolsonaro coloca mayor énfasis en el endurecimiento penal. Su programa contempla reducir la edad de imputabilidad penal, restringir la progresión de régimen, ampliar la capacidad penitenciaria y utilizar herramientas tecnológicas de vigilancia, además de aumentar las penas para determinados delitos.
Pero el problema que enfrentará cualquiera de los dos excede ampliamente la discusión sobre penas. Las principales organizaciones criminales brasileñas ya no operan solamente alrededor del narcotráfico. Facciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho participan de redes que incluyen tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, control territorial y conexiones con otras economías ilegales. Las fronteras terrestres y amazónicas también convierten al fenómeno en un problema regional, porque buena parte de las rutas de drogas y armas atraviesan países vecinos antes de llegar a los grandes centros urbanos o a los puertos brasileños.
Las cárceles forman otra parte del problema. Algunas de las principales facciones brasileñas surgieron o se consolidaron dentro del sistema penitenciario y mantienen capacidad de articulación fuera de él. Por eso, ampliar plazas carcelarias sin modificar la capacidad de las organizaciones para operar desde las prisiones no necesariamente resuelve el problema.
La dimensión territorial es igualmente importante. Un estudio citado por Folha de S.Paulo estimó que alrededor de 68 millones de brasileños viven en áreas donde existe presencia de organizaciones criminales. En esos lugares, el desafío no consiste únicamente en detener delincuentes, sino en recuperar la capacidad del Estado para ejercer autoridad, garantizar servicios y controlar mercados ilegales.
En ese punto aparece una de las principales diferencias entre las propuestas electorales: Lula apuesta sobre todo por inteligencia, coordinación y capacidad institucional; Flávio Bolsonaro pone mayor énfasis en el castigo, las cárceles y el endurecimiento de las reglas penales. Los dos reconocen al crimen organizado como una amenaza central, pero ofrecen respuestas distintas frente a un fenómeno que ya combina seguridad pública, narcotráfico, finanzas, fronteras y control territorial.
Salud, educación e infraestructura
Salud y educación muestran más coincidencias en los diagnósticos. Ambos programas hablan de digitalización sanitaria, reducción de filas, alfabetización, formación técnica y recuperación del aprendizaje, aunque difieren en las herramientas. Un estudio del IEPS y Umane encontró, sin embargo, una limitación común: 95% de las propuestas sanitarias de los principales candidatos exige recursos adicionales y 83% depende de coordinación entre distintos niveles de gobierno.
El gobierno de Lula convirtió al Novo PAC en uno de sus principales instrumentos de inversión. El programa contempla proyectos de transporte, vivienda, saneamiento, salud y educación y busca combinar inversión pública con concesiones. Mientras que Flávio plantea una agenda de infraestructura centrada en rutas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vías navegables, con una participación mayor del capital privado y de las concesiones.
Amazonia, minería y tierras raras: ambiente, soberanía y disputa geopolítica
En este punto, es posible afirmar que pocos temas concentran tantas tensiones como la Amazonia. Allí se cruzan la protección ambiental, la explotación de recursos naturales, la infraestructura, la seguridad fronteriza, los derechos indígenas y, cada vez más, una disputa internacional por minerales críticos y tierras raras.
El gobierno de Lula llega a la elección mostrando una reducción importante de los alertas de deforestación. Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, los avisos en la Amazonia cayeron 37,5%, hasta el nivel más bajo de la serie para ese período. Su programa propone sostener esa tendencia mediante restauración forestal, bioeconomía, investigación sobre biodiversidad, fortalecimiento del Fondo Amazonia y mayor presencia estatal en las fronteras.
Pero la discusión ambiental se volvió más compleja por el peso creciente de la minería. La Amazonia Legal concentra una parte importante de los minerales estratégicos de Brasil y se destaca por hierro, bauxita, cobre y oro, además de tener potencial en cobalto, potasio y tierras raras. Estos recursos son cada vez más relevantes para industrias como baterías, semiconductores, vehículos eléctricos, defensa y transición energética.
Brasil, además, posee una de las mayores reservas mundiales de tierras raras. En septiembre, el gobierno de Lula sancionó una Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos orientada a mejorar la trazabilidad, fomentar el procesamiento local y agregar valor antes de exportar.
Para el bolsonarismo, la apertura de territorios a la explotación de recursos naturales no es un tema nuevo. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, el gobierno impulsó proyectos para habilitar actividades mineras y productivas en tierras indígenas y defendió una reducción de trabas regulatorias como vía para desarrollar la Amazonia. Esa política fue cuestionada por organizaciones ambientales e indígenas, que asociaron la flexibilización de controles con el avance de la minería ilegal y la ocupación de territorios protegidos.
Flávio Bolsonaro retoma parte de esa visión, aunque con un discurso más orientado a la explotación económica formal y a la atracción de inversión privada. Su programa propone agilizar licenciamientos, ampliar la participación del capital privado y desarrollar minerales estratégicos dentro del país, vinculando esa agenda con infraestructura, energía y crecimiento económico.
Un mismo país, dos formas de imaginar a Brasil
Entonces, si se miran en conjunto todos estos temas, aparece una discusión bastante clara: qué lugar debe ocupar el Estado brasileño durante los próximos cuatro años.
Lula propone una estructura pública con mayor capacidad para invertir, sostener políticas sociales, coordinar áreas como seguridad, salud y educación, y participar de forma más activa en el desarrollo económico. Flávio Bolsonaro, en cambio, plantea reducir el aparato estatal, acelerar el ajuste fiscal, ampliar el espacio para el sector privado y reforzar una política de seguridad más dura.
La diferencia entre ambos proyectos existe, pero no es absoluta. En varios temas parten de diagnósticos similares: mejorar la infraestructura, reducir las filas en el sistema de salud, recuperar aprendizajes en educación o enfrentar al crimen organizado. Lo que cambia es la forma de intervenir, los instrumentos elegidos y, sobre todo, cuánto protagonismo debe asumir el poder público.
De todos modos, el rumbo del próximo gobierno no dependerá únicamente de lo que prometan Lula o Flávio Bolsonaro. También estará condicionado por el presupuesto disponible, la relación de fuerzas que surja del Congreso después de las elecciones, la evolución de la economía y la capacidad efectiva de transformar esas propuestas en políticas concretas.
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