La Argentina activó e inició un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion en Malvinas. El día de ayer, el Gobierno Nacional anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), por el proyecto petrolero en Malvinas. Sin embargo, ¿qué implica, realmente, el arbitraje que Argentina inició contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion?
El conflicto por la explotación de recursos hidrocarburíferos en Malvinas entró en una nueva etapa. Como informó Escenario Mundial, ayer el presidente de la República Argentina, Javier Milei, instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a poner en marcha el procedimiento previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en Malvinas, vinculada al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión fue comunicada el pasado lunes por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), a través de un comunicado oficial. Con esta decisión, el objetivo del gobierno argentino es impedir el avance de la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte, así como también objetar las nuevas autorizaciones británicas para la explotación de recursos naturales en los espacios y territorios marítimos en disputa entre ambos países.
La Resolución 31/49 de la Asamble General de las Naciones Unidas insta a la Argentina y el Reino Unido de abstenerse a adoptar decisiones unilaterales sobre las Islas Malvinas hasta que el conflicto no haya sido resuelto. El proyecto petrolero Sea Lion mencionado, que ha sido aprobado por la administración británica de las islas, incumple y vulnera la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, lo que es, de hecho, uno de los argumentos y fundamentos jurídicos que utiliza la Cancillería argentina en este reclamo internacional contra el Reino Unido.
La decisión de Argentina
Ante el aceleramiento de la exploración y explotación hidrocarburífera en Malvinas, producto de las autorizaciones y licencias británicas, el gobierno argentino ha decidido impulsar un proceso de arbitraje internacional contra el Reino Unido, que ocupa las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de manera ilegal. De hecho, las autoridades británicas informaron que Sea Lion ya se encuentra en fase de desarrollo y producción, de cara a 2028, luego de la finalización de las decisiones de inversión en 2025.
Para Argentina el avance del proyecto se produce en un espacio cuya soberanía es reclamada por el país ante la ocupación británica y cuya plataforma continental es considerada propia y sobre la cual no se pueden tomar decisiones unilaterales, según la Resolución 31/49 hasta la solución del conflicto. De este modo, Argentina inició el proceso de arbitraje internacional. Sin embargo, además, el país emplazó e intimó al Reino Unido a adoptar medidas dentro de un plazo de dos semanas.
La intimación de Argentina prevé que Londres adopte medidas concretas para impedir el inicio y/o la continuidad de las actividades y operaciones extractivas, vinculadas a hidrocarburos, en Malvinas y especialmente, en la Cuenca Malvinas Norte, a través de Sea Lion –el proyecto petrolero en el que participa Navitas Petroleum de Israel y Rockhopper Exploration de Gran Bretaña–. Argentina sostiene que las operaciones de Sea Lion se realizan sobre su plataforma continental y no cuentan con la debida autorización nacional, incumpliendo lo estipulado en la Resolución 31/40 de Naciones Unidas del año 1976.
Es por ello que, la Argentina ya advirtió que si Londres no cumple con lo solicitado en la intimación, el país tiene previsto recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde solicitaría medidas provisionales adicionales para garantizar la preservación de los derechos de Argentina sobre lo que considera su plataforma continental.
Qué implica el arbitraje internacional
El arbitraje internacional es un mecanismo de resolución de controversias entre partes, contemplado en la Convención sobre el Derecho del Mar. En el Anexo VII, el instrumento internacional define la posibilidad de que un Estado parte someta una controversia que mantiene con otra parte, a un arbitraje, a través de la debida notificación escrita a la contraparte, que se acompaña de los reclamos, los fundamentos jurídicos y las pretensiones.
Este mecanismo es utilizado por muchos Estados en diferentes instancias y ocasiones. En esta oportunidad, la República Argentina llevó el conflicto de Sea Lion en Malvinas con el Reino Unido al ámbito del derecho internacional y recurrió a este mecanismo de resolución de controversias que contempla la CONVEMAR. Luego de protestas diplomáticas, las sanciones administrativas y las denuncias penales, emitidas y reglamentadas a través de la Cancillería, Argentina eleva el marco de discusión contra el Reino Unido por Sea Lion a una nueva instancia, ahora jurídica.
El arbitraje, de hecho, abre ahora un proceso jurídico internacional que consta de diversas etapas. No obstante, el anuncio realizado el día de ayer por el gobierno de Javier Milei no significa ni implica que el proyecto Sea Lion ya haya quedado suspendido o paralizado. Por el contrario, ahora es cuando inicia un complejo proceso jurídico entre Argentina y el Reino Unido, a quien Buenos Aires intimó para tomar medidas concretas destinadas a evitar el desarrollo de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, antes de solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La eventual intervención y elevación del tema al Tribunal Internacional del Derecho del Mar no reemplaza ni suple el procedimiento de arbitraje internacional, iniciado en el marco de la CONVEMAR. De hecho, como ya explicó Escenario Mundial, la CONVEMAR contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales adicionales cuando todavía no se constituyó el tribunal arbitral llamado a tratar la controversia. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar podría intervenir para preservar y garantizar los derechos de las partes hasta que se conforme, oficialmente, el tribunal correspondiente que trate el tema.
No obstante, como se precisó, en primera instancia, Argentina fijó un plazo previo de dos semanas antes de avanzar con la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en un nuevo esfuerzo por presionar a Londres, tras lo que fue el 81° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí el Reino Unido afirmó que se mantendrá firme frente a cualquier amenaza contra la soberanía británica, como así también contra los derechos de los territorios británicos de permanecer bajo soberanía del Reino Unido, como es el caso de las Islas Malvinas.
Ahora, sin embargo, la disputa por los recursos de Malvinas entre Argentina y Reino Unido pasa de un plano de confrontación principalmente diplomático a una nueva instancia jurídica internacional. La decisión del Gobierno Nacional podría generar nuevos cruces y tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres, además de nuevas confrontaciones regulatorias y administrativas frente a otras actividades vinculadas a los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, cuya soberanía es reclamada por la República Argentina.
De este modo, tras la decisión del gobierno de Javier Milei, Sea Lion se convierte en uno de los principales focos y frentes de tensión y disputa geopolítica del Atlántico Sur a día de hoy, donde Argentina y Reino Unido se enfrentan por algo que va mucho más allá de la explotación hidrocarburífera y que tiene que ver, nada más ni nada menos, que con la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
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