En octubre de 2025, las imágenes que llegaban desde Río de Janeiro parecían la de una ciudad atravesada por una guerra urbana. Calles bloqueadas, barricadas, fusiles, columnas de humo y una operación que convocó a más de 2.500 agentes desplegados sobre los complejos de Penha y Alemão. La llamada “Operação Contenção”, lanazada contra el Comando Vermhelho, una organización criminal brasileña, terminó con 121 muertos y se convirtió en la acción policial más letal registrada en Brasil. Un mes después, el 52% de los brasileños señalaba al crimen y la violencia como una de sus principales preocupaciones.
Un año después, Brasil llega a las elecciones presidenciales del 4 de octubre con esa preocupación latente e instalada en las campañas de los candidatos. En julio de 2026, el 43% de los consultados por Ipsos ubicaba al crimen y a la violencia en el primer lugar de las preocupaciones, por encima de corrupción, salud y desigualdad. Pero detrás de esa percepción aparece una paradoja. Brasil no es hoy, en términos generales, un país con más homicidios. De hecho, bajaron un 8,2% entre 2024 y 2025, y es el menor nivel desde que comenzó la serie de muertes violentas intencionales en 2012.
La violencia baja en las estadísticas nacionales mientras las organizaciones que viven del crimen se vuelven más grandes, más ricas y más difíciles de identificar.
Ahí aparece una diferencia fundamental entre el Brasil de Tropa de Elite y el de 2026. En la película de José Padilha, protagonizada por el gran Wagner Moura, el poder criminal tenía una geografía reconocible. Las favelas, el morro, el fusil y la boca de venta de droga. Dos décadas después ya no necesita dominar únicamente una colina. Puede controlar una ruta en la Amazonia, mover cocaína desde Bolivia, lavar dinero mediante una fintech o esconder capitales detrás de una estación de servicio. El territorio que disputa ya no siempre aparece en un mapa.
Del morro a las rutas internacionales
El mejor ejemplo es el Primeiro Comando da Capital, más conocido por su abreviatura PCC. Nacido dentro del sistema penitenciario de São Paulo durante la década de 1990, hoy es considerado por InSight Crime la organización criminal más poderosa de Brasil y mantiene operaciones o conexiones en más de 20 países.
Su expansión siguió la lógica del narcotráfico internacional. Bolivia y Paraguay funcionan como corredores claves para acceder a la cocaína producida en la región andinna. Desde allí, las rutas penetran territorio brasileño y conectan con grandes centros urbanos y puertos del Atlántico. El puerto de Santos, en São Paulo, se convirtió asi en una pieza estratégica para la salida de cocaína hacia Europa.
El Comando Vermehlo siguió otro recorrido. Nació en las cárceles de Río de Janeiro en los años setenta y conserva allí su principal base territorial, pero extendió su influencia hacia Amazonas, Mato Grosso y otros puntos del país. También mantiene presencia en Bolivia, uno de sus principales espacios de abastecimiento de cocaína. La Amazonia adquirió un valor creciente. Las rutas que conectan Perú y Bolivia con Manaos, Macapá y los puertos del norte permiten mover cargamentos hacia el Atlántico y, finalmente, Europa. En septiembre, incluso el gobierno de derecha boliviano advirtió que PCC y CV estaban reclutando ciudadanos locales y disputando corredores fronterizos.
La ruptura de la tregua entre PCC y Comando Vermelho en 2016 aceleró además una reorganización del mapa criminal brasileño. Cárceles, corredores fronterizos y mercados locales pasaron a formar parte de una competencia que atravesó los límites de São Paulo y Río. El resultado no fue necesariamente un aumento homogéneo de la violencia en todo Brasil. Fue algo más fragmentado.
Mientras algunas regiones redujeron sus homicidios, zonas del norte y nordeste quedaron expuestas a disputas por nuevos corredores del narcotráfico. En áreas del sudoeste de Río disputadas por el CV y las milicias, por ejemplo, las muertes violentas crecieron 61% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025.
São Paulo, donde el crimen ya no necesita mostrarse
São Paulo representa otra etapa de esa evolución. La ciudad que dio origen al PCC registra actualmente indicadores de violencia callejera mejores que décadas atrás. En 2025 tuvo 98.358 robos, el menor registro de la serie histórica y 14,6% menos que en 2024.
Durante los primeros dos meses de 2026, los homicidios dolosos también cayeron 22,3% interanual. Sin embargo, mientras disminuyen algunos delitos visibles, las investigaciones están encontrando al crimen organizado varios pisos más arriba de la economía clandestina.
Las operaciones Carbono Oculto y sus derivaciones revelaron estructuras bajo investigación que utilizaron estaciones de servicio, empresas, fintechs, fondos de inversión y sociedades para mover y ocultar capitales. En septiembre de 2026, la Receita Federal y el GAECO describieron un entramado en el que una estructura financiera investigada había movilizado unos 11.600 millones de reales entre 2021 y 2025. Otro frente de investigación alcanzó el transporte público paulista. Autoridades investigan la presunta inflitración del PCC en empresas de colectivos y posibles mecanismos de lavado de dinero y financiamiento político.
Esa transformación explica por qué el desafío para el próximo presidente excede la imagen clásica de policías entrando en una favela. Golpear una boca de venta de droga no necesariamente desarmas una organización capaz de operar simultáneamente sobre prisiones, fronteras, empresas y mercados financieros. La discusión electoral brasileña enfrenta entonces dos problemas conectados: quién controla físicamente determinados territorios y quién controla el dinero que circula detrás de ellos.
Lula y Bolsonaro: dos respuestas para un mismo problema
Lula y Flávio Bolsonaro llegan a esa discusión con recetarios diferentes. El programa presentado por Lula ante el Tribunal Supremo Electoral propone profundizar la coordinación federal, fortalecer la inteligencia y mantener una estrategia de asfixia financiera del crimen organizado. También impulsa la creación de un Ministerio de Seguridad Pública una vez aprobada la propuesta de Seguridad, destinada a reforzar la coordinación entre la Unión, los estados y municipios dentro del Sistema Único de Segurança Pública.
En torno a esto, Lula volvió sobre esa posición en la Asamblea General de Naciones Unidas, y rechazó la propuesta basada en una intervención externa y reclamó la cooperación internacional para atacar al tráfico de armas y los circuitos financieros de las organizaciones criminales.
Flávio Bolsonaro plantea una estrategia distinta. Su programa propone declarar al PCC, al Comando Vermelho y a otras facciones como organizaciones “narcoterroristas”, reducir la edad de imputabilidad penal, ampliar el sistema penitenciario y aumentar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras. También promete perseguir el patrimonio y los mecanismos de lavado de las organizaciones.
La clasificación de PCC y CV como organizaciones terroristas no es solamente retórica electoral. Estados Unidos ya adoptó esa decisión securitizadora en junio de 2026, una medida que el gobierno de Lula cuestionó.
Así, seguridad pública enfrenta en las urnas dos concepciones diferentes sobre cómo debe responder el Estado brasileño. Una prioriza coordinación institucional, inteligencia, control financiero y fortalecimiento del sistema federal; la otra incorpora esas herramientas pero coloca mayor énfasis en endurecimiento penal, expansión penitenciaria, empleo de las Fuerzas Armadas y una definición de las facciones como organizaciones narcoterroristas. Los programas oficiales de ambos candidatos están registrados ante el Tribunal Superior Electoral. Para el votante, la discusión ocurre mientras la inseguridad continúa encabezando sus preocupaciones.
El próximo 4 de octubre, Brasil elegirá presidente mientras intenta responder una pregunta que va mucho más allá de quién puede desplegar más policías en las calles. ¿Cómo combate un Estado a organizaciones que aprendieron a sobrevivir sin mostrarse? El PCC nació detrás de los muros de una cárcel paulista y el Comando Vermelho en las prisiones de Río. Décadas después, sus rutas atraviesan fronteras, sus negocios se camuflan con la economía legal y sus intereses alcanzan puertos, empresas y circuitos financieros. Tal vez esa sea la imagen más precisa del Brasil que llega a las urnas, con el crimen organizado sin necesidad de ocupar el morro. También aprendió a ocupar el sistema.
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