El Reino Unido garantizó apoyo diplomático a las empresas petroleras e inversores que operan en las Islas Malvinas, en una respuesta directa a la ley que Javier Milei envió al Congreso para sancionar con hasta 20 años de prisión la explotación no autorizada de hidrocarburos. A través de una declaración oficial de la subsecretaria para Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, la cancillería británica rechazó las medidas de Argentina contra la cadena de suministros y ratificó la continuidad de los proyectos extractivos en el Atlántico Sur.
A través del comunicado difundido por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Londres sostuvo que los habitantes del archipiélago tienen el derecho de desarrollar sus recursos naturales como parte del ejercicio de su autodeterminación. En ese sentido, la funcionaria británica remarcó que las decisiones sobre la explotación de hidrocarburos corresponden comercial y exclusivamente a las islas y a las compañías involucradas.
Frente a las advertencias e iniciativas disuasorias impulsadas por la Argentina contra proveedores directos e indirectos, Kumaran garantizó el respaldo pleno del Gobierno británico y de toda su red diplomática. Asimismo, calificó las acusaciones e intentos de sancionar a estas firmas como “ilegítimos” y carentes de “justificación legal”, asegurando que la economía de las islas continuará su desarrollo.
El alcance de la iniciativa argentina persigue no solo a los operadores directos del proyecto petrolero Sea Lion —como Navitas Petroleum, Rockhopper y Premier Oil—, sino también a socios, accionistas, entidades financieras y empresas de logística o consultoría técnica. Con este pronunciamiento, el Reino Unido busca enviar un mensaje de tranquilidad a los inversores internacionales e infraestructura asociada al Atlántico Sur, intentando neutralizar el efecto disuasorio de las sanciones fijadas por la futura legislación argentina.
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