El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el Gobierno al Congreso no contiene una partida, proyecto de inversión u operación de crédito que identifique expresamente a la Base Naval Integrada de Ushuaia, pese a que Javier Milei había instruido ocho días antes al ministro de Economía, Luis Caputo, para que su desarrollo fuera priorizado durante la elaboración del texto.
La ausencia no significa que la obra haya quedado sin posibilidades de financiamiento. Defensa cuenta con partidas generales, recursos reasignados durante 2026 y otros instrumentos que podrían utilizarse posteriormente para sostener el proyecto. El dato que surge de las planillas remitidas al Congreso es más específico: la prioridad anunciada públicamente por el Gobierno no quedó traducida en una asignación presupuestaria identificable y trazable bajo el nombre de la Base Naval Integrada.
El contraste aparece apenas días después de que el propio Ejecutivo brindara señales en sentido contrario. El 7 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que Milei había firmado una instrucción para que Economía priorizara en el Presupuesto 2027 “el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos” relacionados con la Seguridad Nacional y los intereses soberanos argentinos.
Escenario Mundial informó entonces que la decisión presidencial incorporaba formalmente a la Base Naval Integrada entre las prioridades para la elaboración del siguiente ejercicio presupuestario. La señal fue reforzada posteriormente por el canciller Pablo Quirno, quien después de recorrer el predio junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró que ya habían sido reasignadas partidas correspondientes a 2026 y que la infraestructura “será incluida en el proyecto de Presupuesto 2027”. Sin embargo, la revisión de las planillas finalmente enviadas al Congreso el 15 de septiembre no permite localizar una asignación específica para la obra.
El Presupuesto 2027 sí incorpora referencias estratégicas a Ushuaia dentro de las políticas previstas por el Ministerio de Defensa. La cartera plantea entre sus objetivos incrementar las capacidades de apoyo continental hacia la Antártida y señala expresamente como de “particular interés” el desarrollo del Eje Ushuaia–Base Antártica Conjunta Petrel para fortalecer las operaciones de sostén logístico hacia el continente blanco.
La referencia confirma que el extremo austral permanece dentro de la planificación de Defensa. Sin embargo, una definición incluida entre los objetivos de política de una jurisdicción no equivale a una partida específica destinada a financiar la construcción de la Base Naval Integrada.
La diferencia se vuelve más visible al analizar las planillas de inversión. Para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el proyecto presupuestario identifica aproximadamente $8.923 millones en proyectos de inversión para 2027. De ese total, $553 millones corresponden al Poder Judicial para la adecuación de un inmueble destinado a la Secretaría Electoral de Ushuaia y alrededor de $8.370 millones a distintas intervenciones de la Dirección Nacional de Vialidad. En esa nómina no figura un proyecto de inversión del Ministerio de Defensa o de la Armada Argentina destinado a la Base Naval Integrada.
Existe, además, un antecedente directo. El Presupuesto Nacional 2021 había incorporado una autorización de crédito por US$227 millones cuyo destino figuraba expresamente como “Polo Logístico Antártico – Base Naval Integrada Ushuaia”. Por lo tanto, la obra ya fue identificada nominalmente dentro de un presupuesto nacional en el pasado.
Por qué esto no significa que Ushuaia haya quedado sin financiamiento
La ausencia de una línea presupuestaria específica tampoco permite concluir que la construcción vaya a comenzar 2027 sin recursos. Parte del esquema financiero ya comenzó a estructurarse durante el actual ejercicio. El Decreto 867/2026 amplió los créditos disponibles para el área de Defensa en el marco de un paquete destinado a fortalecer capacidades de las Fuerzas Armadas. El texto de la norma no asigna nominalmente todo ese refuerzo a Ushuaia, pero posteriormente Quirno vinculó públicamente más de $200.000 millones de esas reasignaciones con la reactivación de la Base Naval Integrada y la Base Antártica Conjunta Petrel.
También existen partidas cuyo destino final no aparece desagregado obra por obra en las planillas generales. Para el Estado Mayor General de la Armada, por ejemplo, el proyecto contempla aproximadamente $431.463 millones clasificados como aplicaciones financieras. Esa cifra no puede atribuirse automáticamente a Ushuaia, pero su apertura tampoco permite descartar que una distribución administrativa posterior termine asignando parte de esos recursos al proyecto.
A ello se suma el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), creado durante 2026 para financiar reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica mediante una porción de los recursos obtenidos por ventas, alquileres y privatizaciones de activos del Estado. Finalmente, lo presentado el 15 de septiembre sigue siendo un proyecto de ley. Su tratamiento en el Congreso puede modificar partidas y autorizaciones, y la ejecución presupuestaria posterior permite realizar adecuaciones dentro de los mecanismos legales previstos. Todas esas vías permanecen abiertas.
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