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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el nuevo acuerdo energético con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y – de acuerdo a lo afirmado por la funcionaria – buscará impulsar una “profunda recuperación de la industria petrolera venezolana”. En detalle, el proyecto prevé el desarrollo de 17 yacimientos estratégicos y una meta inicial de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, según explicó la mandataria durante una intervención transmitida por la televisión estatal.
La mandataria lo calificó como un acuerdo “histórico” y aseguró que tendrá un impacto significativo sobre la economía venezolana y los ingresos del Estado. “Este proyecto bilateral de 25 años prevé el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con un objetivo de producción de más de 1,5 millones de barriles diarios”, afirmó. La presidenta aclaró que esta cifra corresponde exclusivamente al acuerdo bilateral con Estados Unidos y señaló que el plan energético más amplio también contempla el desarrollo de ocho nuevos bloques petroleros.
¿Revitalizar la industria petrolera venezolana o garantizar recursos a Estados Unidos?
El anuncio acompaña a los detalles del acuerdo presentado el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien señaló que Washington obtuvo el control mayoritario sobre una producción de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas atravez de empresas privadas. Trump ofreció inicialmente pocos detalles sobre la estructura concreta del entendimiento, pero lo presentó como una oportunidad para revitalizar la industria petrolera venezolana y garantizar nuevas fuentes de crudo para Estados Unidos.
Sin embargo, surgen interrogantes sobre el control venezolano de sus recursos naturales. Rodríguez buscó responder a esas críticas y aseguró que Caracas mantendrá la “propiedad y la soberanía” sobre el petróleo. Según explicó, el acuerdo busca combinar la propiedad estatal de los recursos con el capital, la tecnología y la experiencia operativa de empresas extranjeras para recuperar una industria que, según el gobierno venezolano, fue gravemente afectada por las sanciones y el deterioro de su infraestructura.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por Rodríguez, Venezuela podría obtener alrededor de 209.000 millones de dólares en ingresos bajo las condiciones proyectadas, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril. La mandataria afirmó además que aproximadamente 19 dólares de cada barril producido y vendido en el marco del acuerdo ingresarían directamente al país. Estas proyecciones, dependerán de la evolución de los precios internacionales del petróleo, del volumen efectivo de producción y de la capacidad para atraer inversiones sostenidas.
Decisiones políticas y problemas de gestión como factores del deterioro
Aunque Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, su producción ronda actualmente los 1,25 millones de barriles diarios, una cifra considerablemente inferior a su potencial. Años de falta de inversión, problemas de gestión, el deterioro de las instalaciones y sanciones internacionales limitaron la capacidad del país para recuperar los niveles de producción que alcanzó en décadas anteriores.
En este contexto, el acuerdo energético también podría ampliar la presencia de grandes compañías internacionales en Venezuela. Rodríguez mencionó entre las empresas involucradas o interesadas a Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, mientras siguen las negociaciones para otorgar nuevos derechos de exploración y producción. Chevron, que ya mantiene una presencia histórica en el país, figura entre las compañías que podrían adaptar sus operaciones al nuevo esquema energético.
La disputa entre mejorar la capacidad de producción y conservar soberanía
En cuanto a la estructura jurídica, los mecanismos de financiación y el papel que desempeñará la estatal PDVSA, la información continúa siendo limitada. Además, sectores políticos venezolanos y grupos nacionalistas expresaron su preocupación por una mayor participación estadounidense en una industria considerada estratégica para la soberanía del país. Incluso se registraron movilizaciones en Caracas contra la influencia de Washington en el sector petrolero.
La afirmación de Rodríguez de que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años marca, de todos modos, un cambio significativo en la relación entre Caracas y Washington. Para Venezuela, el desafío será convertir las promesas de inversión en una recuperación efectiva de su capacidad productiva. Para Estados Unidos, el entendimiento representa una oportunidad para fortalecer su acceso a uno de los mayores recursos petroleros del planeta. La cuestión central será si esta cooperación logra equilibrar los intereses económicos estadounidenses con la promesa venezolana de conservar el control soberano sobre sus reservas.
