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La entrada masiva de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta comenzó como una emergencia localizada en una frontera exterior de la Unión Europea. El evento, rápidamente neutralizado por el Estado español, produjo una reacción por parte de un miembro relevante de la comunidad cuyo efecto sobre las instituciones fundamentales europeas sobrepasó las propias consecuencias del flujo migratorio. Italia restableció controles sobre quienes llegaran desde España y, tras una escalada diplomática, Madrid respondió con sus propios controles para los viajeros procedentes de este país. Es aquí donde aparece un dato político que será central. Una crisis ocurrida en el norte de África, cuyos ideólogos no se encuentran claramente determinados y cuyo alcance fue acotado en relación con eventos del pasado, afectó las políticas migratorias entre dos socios europeos que ni siquiera comparten una frontera terrestre.
Antonio Sempere – AP
La instrumentalización de la migración consiste en utilizar la movilidad humana como herramienta de presión política. Un Estado puede facilitar desplazamientos, organizar rutas o retirar deliberadamente los controles que antes ejercía para obtener concesiones, responder a sanciones o aumentar los costos internos de otro gobierno. Cuando esto sucede, quienes migran son el vehículo involuntario de esa presión llevada adelante por quienes la instrumentan.
El repertorio no es nuevo. Bielorrusia organizó en 2021 el traslado de personas hacia las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia como respuesta a las sanciones europeas. Turquía convirtió su cooperación migratoria en un activo de negociación con Bruselas. Marruecos ya había relajado sus controles alrededor de Ceuta durante la crisis diplomática de 2021 con España. Los casos varían en escala y método, pero comparten una ventaja para quien aplica la presión: abrir o facilitar una ruta suele costar mucho menos que recibir el flujo, procesarlo y administrar sus consecuencias políticas.
Esa asimetría resulta especialmente eficaz frente a la Unión Europea. Los costos aparecen primero en las ciudades y los Estados de llegada, mientras las decisiones se negocian entre 27 gobiernos con capacidades e intereses diferentes. A ello se agrega la dimensión electoral. Cuando la inmigración queda asociada con descontrol, inseguridad o saturación institucional, los gobiernos encuentran incentivos para ofrecer una respuesta visible y nacional, aunque el problema requiera coordinación europea. En ese contexto, una barrera interna puede rendir políticamente más que una solución común cuyos resultados tardan en aparecer.
Schengen descansa sobre la lógica contraria. Los Estados reducen los controles entre sí porque confían en una administración suficientemente consistente de la frontera exterior y en mecanismos comunes para corregir sus fallas. El riesgo principal radica en la erosión gradual de la legitimidad de los acuerdos, antes que en su derrumbe repentino o en su suspensión automática. Schengen puede continuar formalmente vigente mientras se acumulan excepciones, los controles internos se vuelven renovables y cada gobierno recupera la frontera como seguro frente a las decisiones de sus socios.
Lo particular de la situación de Ceuta es que en este caso no hay evidencia pública suficiente para afirmar que Marruecos organizó la entrada con la intención de coaccionar a España. La forma en que fallaron los controles del lado marroquí abre preguntas, pero no permite completar ese salto causal.
La atribución quedó abierta, pero la crisis siguió produciendo efectos. Con un responsable identificado, la Unión puede dirigir sanciones, restricciones o presión diplomática hacia el exterior. Si el origen sigue discutido, cada gobierno dispone de mayor margen para interpretar el riesgo según sus necesidades internas. La incertidumbre desvía aquí la respuesta y permite que cada gobierno la capitalice para atender cuestiones de sude agenda política doméstica. En Ceuta, la discusión dejó de concentrarse rápidamente en la conducta de Marruecos y pasó a enfrentar entre sí a los propios Estados europeos por sus políticas migratorias.
Italia llevó esa lógica al terreno fronterizo. Desde el 1 de agosto restableció durante un mes controles aéreos y marítimos con España, centrados en nacionales de terceros países, por el riesgo de movimientos secundarios. La Comisión Europea registró oficialmente la decisión. El Código de fronteras Schengen admite controles temporales ante amenazas graves si son necesarios, proporcionales y de último recurso. Roma habló, sin embargo, de una “suspensión” de Schengen con España, una figura que el Código no contempla. Para entonces, la mayoría de quienes habían entrado ya había regresado a Marruecos y Madrid sostenía que Schengen nunca estuvo comprometido. La respuesta española convirtió una decisión unilateral en una secuencia bilateral. Desde el 8 de agosto, España comenzó a realizar controles documentales en puertos y aeropuertos a quienes llegaran desde Italia, con vigencia prevista hasta el 7 de septiembre. La medida llegó después de que el gobierno de Giorgia Meloni rechazara retirar sus controles, y Madrid vinculó expresamente su vigencia a la continuidad de la decisión italiana. Así, la frontera interna empezó a funcionar como instrumento de represalia diplomática.
Sería exagerado leer este episodio como el principio del fin de Schengen. Como se dijo, sus propias normas prevén la reintroducción excepcional de controles y el sistema ha atravesado crisis más prolongadas. El problema aparece en el uso que empieza a darse a esas excepciones. Un recurso creado para responder a amenazas concretas puede transformarse en una respuesta nacional ante la desconfianza y luego en una contramedida frente al socio que lo utilizó primero. En ese recorrido, la frontera suma a su función de seguridad otra bastante más incómoda: la del castigo político.
La secuencia es la ¿siguiente: crisis en el perímetro exterior, dudas sobre su origen, traducción doméstica del episodio, controles internos y represalia entre miembros. Ese resultado beneficia a quienes ejercen la instrumentalización migratoria, porque muestra que las divisiones existentes pueden aprovecharse para obtener rédito político. Así, Schengen puede conservar su nombre, sus tratados y sus instituciones, pero degradarse afectando a otras instituciones europeas. El alcance real del problema reside en que, si se normaliza el cuestionamiento de instituciones centrales del esquema integrador europeo que parecían estar grabadas en piedra, lo irrevocable puede empezar a parecer revocable y ya no queda claro qué otras instituciones podrían ser cuestionadas en adelante, con consecuencias potencialmente peligrosas para el mayor esquema de integración jamás creado.
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