La pesca constituye uno de los principales pilares económicos de las Islas Malvinas y detrás de su explotación funciona una red de sociedades locales asociadas con grupos pesqueros españoles. En 2026, una flota de 16 grandes arrastreros vinculados a Galicia volvió a operar sobre el calamar patagónico bajo permisos concedidos por la administración británica, mientras las compañías que participan del negocio cuentan con derechos pesqueros de largo plazo que se extienden por hasta 25 años.
La primera campaña pesquera de 2026 en las Islas Malvinas volvió a poner en funcionamiento uno de los engranajes económicos más importantes del archipiélago: la red de empresas locales y compañías españolas que participan de la explotación del calamar patagónico bajo licencias concedidas por la administración británica.
Durante la temporada iniciada el 22 de febrero, los 16 grandes arrastreros de capital mixto vinculados al sector pesquero gallego capturaron más de 42.000 toneladas de Doryteuthis gahi, conocido comercialmente como calamar Loligo o calamar patagónico, antes de regresar a Galicia al término de la campaña.
Detrás de esos buques funciona una estructura empresarial construida durante décadas entre compañías registradas en las islas y algunos de los principales grupos pesqueros de España.
No se trata únicamente de barcos españoles que reciben autorización para ingresar a un caladero. El sistema evolucionó hacia sociedades mixtas y mecanismos de cuotas de largo plazo que buscan mantener formalmente el control de los derechos pesqueros dentro de las islas, mientras las empresas extranjeras aportan buques, capital, comercialización, tecnología y acceso al mercado europeo.
El resultado es una de las redes económicas más importantes para comprender cómo se sostiene actualmente la presencia británica en Malvinas.
La pesca transformó la economía de las Islas Malvinas
El actual modelo comenzó a estructurarse en 1986, cuando las autoridades británicas establecieron unilateralmente una zona de conservación pesquera alrededor del archipiélago y comenzaron a cobrar licencias a los buques que operaban dentro de ella.
La propia administración isleña reconoce la dimensión que tuvo esa decisión: afirma que la introducción del régimen pesquero provocó un aumento del 500% de sus ingresos y permitió alcanzar la autosuficiencia financiera en todas las áreas excepto defensa y relaciones exteriores.
Actualmente, la pesca representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto de las islas, mientras que dos especies de calamar explican aproximadamente tres cuartas partes de las capturas de un año típico.
Los números presupuestarios permiten dimensionar todavía mejor su importancia.
Durante el ejercicio 2023-2024, la administración británica registró aproximadamente 33,8 millones de libras en ingresos procedentes de licencias pesqueras. Para 2024-2025 presupuestó más de 36,1 millones de libras solamente por ese concepto.
De esta manera, el recurso pesquero no solamente genera beneficios para las compañías que lo explotan. También constituye una fuente directa de financiamiento de la administración establecida por el Reino Unido en el archipiélago.
¿Quiénes tienen las cuotas del calamar?
El corazón del sistema está conformado por las denominadas Individual Transferable Quotas, o ITQ: cuotas individuales transferibles que otorgan derechos económicos sobre determinadas pesquerías.
Según el registro oficial de titulares de cuotas publicado por la autoridad pesquera de las islas, el negocio del calamar Loligo se encuentra distribuido entre un pequeño grupo de compañías.
Para las temporadas de verano e invierno, Fortuna Limited posee el 27,53% de las cuotas; Argos Group, el 18,75%; Seaview, el 14,34%; Beauchene Fishing Company, el 12,97%; Southern Cross, el 11,56%; RBC, el 10,45%; y Seafish, el 4,40%.
La Islas Malvinas Fishing Companies Association —nombre registrado de la cámara empresaria pesquera local— también incluye entre sus miembros a compañías como Consolidated Fishing Limited, Bold Ventures, Pioneer Seafoods, Dragon Fishing and Trading, Polar Seafish y Sulivan Shipping Services.
Varias de esas sociedades se encuentran directamente vinculadas con compañías españolas.
Ahí aparece la segunda parte del negocio.
La conexión con Galicia
La industria pesquera de Malvinas mantiene desde hace años una relación particularmente estrecha con Galicia.
La propia asociación empresarial de las islas reconoció públicamente esa asociación cuando, en febrero de 2023, celebró la entrada en vigor del nuevo régimen de cuotas ITQ-B con representantes de las compañías locales y sus “socios españoles”. La organización destacó entonces el carácter duradero de las relaciones entre ambos sectores empresariales.
Entre los vínculos societarios que han sido identificados durante el proceso de renovación de las licencias aparecen:
Argos Group, asociada al Grupo Pereira; Beauchene Fishing Company, vinculada con Copemar y el grupo relacionado con Marfrío; Fortuna, relacionada con Pescapuerta; RBC, asociada con Rampesca; Southern Cross, vinculada con Chymar; y las sociedades Seafish y Seaview, relacionadas con el grupo Lafonia.
La estructura permite combinar los derechos pesqueros concedidos desde las islas con capital, buques y cadenas comerciales desarrolladas principalmente desde Galicia.
No es una relación marginal dentro del sector español.
La Xunta de Galicia destacó públicamente este modelo en 2024 durante la botadura del Argos Berbés, un nuevo arrastrero construido para una sociedad mixta participada por el Grupo Pereira. El barco demandó una inversión de aproximadamente 30 millones de euros y fue diseñado específicamente para operar en la pesca de calamar en aguas de Malvinas.
La construcción del buque fue posible, entre otros factores, por la previsibilidad que ofrece el nuevo sistema de derechos pesqueros.
Licencias por 25 años para asegurar el negocio
Uno de los cambios fundamentales se produjo con la creación del régimen denominado ITQ-B.
El sistema permite otorgar derechos pesqueros por un período de 25 años, pero elevó al mismo tiempo los requisitos de participación económica local.
La estrategia oficial de acción exterior de Galicia para 2023-2027 reconoce expresamente el cambio. El documento explica que las empresas que quisieran acceder a las nuevas ITQ-B por 25 años debían contar con un mínimo del 51% de capital originario de las islas, frente al 25,1% requerido anteriormente.
La modificación obligó a reorganizar algunas de las sociedades mixtas existentes.
Para los grupos gallegos, sin embargo, las licencias de largo plazo aportaron algo fundamental: previsibilidad suficiente para justificar inversiones de decenas de millones de euros en una nueva generación de buques congeladores.
Para las compañías establecidas en Malvinas, el nuevo esquema aumentó formalmente su participación accionaria y reforzó su control sobre las cuotas.
Y para la administración británica, permitió consolidar una industria en la que una mayor parte del valor generado queda vinculada empresarialmente con las islas.
De Malvinas a los mercados europeos
La red tampoco termina cuando el calamar abandona las aguas del Atlántico Sur.
Galicia funciona como uno de sus principales centros de distribución, procesamiento y comercialización.
La importancia de esa relación explica que las empresas españolas hayan sostenido durante décadas su participación en el caladero pese a la enorme distancia geográfica existente entre Vigo y Malvinas.
También ayuda a entender por qué se continúa renovando la flota.
El Argos Berbés, por ejemplo, forma parte de una generación de grandes arrastreros construidos en astilleros gallegos específicamente para este negocio. Antes habían ingresado embarcaciones como el Argos Cíes, Falcon, Monteferro y Montelourido, mientras otras compañías avanzaron posteriormente con nuevos proyectos de renovación.
La estabilidad de los derechos por 25 años cambió la lógica económica: una empresa puede proyectar el costo de un buque durante décadas sabiendo que la sociedad de la que participa dispone de acceso prolongado al recurso.
La primera campaña de 2026 confirmó la importancia de esa inversión.
Los 16 arrastreros comenzaron a operar el 22 de febrero y cerraron el período con más de 42.000 toneladas de calamar patagónico, una recuperación frente a las dificultades registradas durante temporadas anteriores.
La dimensión de esa cifra cobra mayor relevancia al compararla con 2025. Los registros oficiales británicos señalan que durante todo ese año se capturaron aproximadamente 56.895 toneladas de Doryteuthis gahi bajo las diferentes licencias, de las cuales unas 37.492 toneladas correspondieron a la primera temporada.
El calamar como engranaje de la presencia británica
Desde la perspectiva argentina, las licencias son otorgadas de manera unilateral por el Reino Unido en espacios marítimos cuya soberanía forma parte de la disputa existente entre ambos países.
Por eso, detrás de la discusión estrictamente pesquera aparece una dimensión económica y estratégica más amplia.
El sistema desarrollado alrededor del calamar permite convertir los recursos naturales del Atlántico Sur en una fuente permanente de ingresos para la administración de las islas.
Las compañías locales poseen cuotas de pesca. Sus socios extranjeros aportan barcos, inversiones y mercados. Los astilleros construyen nuevas embarcaciones. Vigo recibe y comercializa buena parte del producto. Y la administración británica recauda decenas de millones de libras mediante el régimen pesquero.
Es una cadena que comienza en el mar, pero termina financiando una parte significativa del funcionamiento económico de Malvinas.
Fortuna es particularmente ilustrativa. La propia compañía explica que comenzó a operar poco después del establecimiento de la zona pesquera en 1987 y reconoce que su crecimiento acompañó la transformación económica de las islas. Con el tiempo se convirtió en uno de los principales propietarios de cuotas y extendió sus intereses hacia distintas pesquerías del Atlántico Sur.
Ese modelo se replica, con diferentes estructuras, entre el resto de las empresas.
Por eso la pesca constituye el primer eslabón para reconstruir la red empresarial detrás del sostenimiento británico de Malvinas.
Mucho antes de que el petróleo de Sea Lion comenzara a atraer inversiones multimillonarias, el calamar había conseguido algo fundamental: transformar los recursos naturales de las aguas circundantes en la base económica que permitió a la administración isleña reducir su dependencia financiera directa del Reino Unido.
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