El 9 de julio de 2011, más del 98% de los ciudadanos de Sudán del Sur votaron en referéndum a favor de separarse de Sudán, convirtiéndose en el Estado soberano más joven del mundo. Era el resultado de décadas de lucha armada contra el gobierno de Jartum y la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, la independencia no trajo consigo la paz. Apenas dos años después, en diciembre de 2013, el país implosionó y fue declarado oficialmente en guerra civil dos años después de su fundación como Estado. Todo estalló cuando el presidente Salva Kiir, de etnia Dinka, acusó a su vicepresidente Riek Machar, de etnia Nuer, de organizar un golpe de Estado en su contra. Esto derivó en un enfrentamiento armado que pronto se extendió por todo el territorio, tiñendo de sangre las mismas calles que habían festejado la independencia.
El conflicto, que combinó ambiciones políticas, rivalidades étnicas y disputas por el control de los recursos petroleros, se prolongó por cinco años. En 2018 se firmó un acuerdo de paz, mediado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), bloque comercial de África Oriental, en Addis Abeba, Etiopía, que establecía la restitución a Machar como vicepresidente. Sin embargo, ese acuerdo fue, como señalan los analistas, una paz cerrada en falso: no abordó las causas profundas del conflicto y dejó sin resolver cuestiones clave como la autonomía de las regiones, la redacción de una nueva constitución y la convocatoria de elecciones. Las raíces de la violencia permanecieron intactas.
En 2026, Sudán del Sur enfrenta una nueva escalada de violencia, la más grave desde el acuerdo de paz. Según un informe de Médicos Sin Fronteras, desde enero de 2025 se reportaron 927 enfrentamientos entre el gobierno y fuerzas de oposición en 73 de los 79 condados del país, frente a 516 en 2024; mientras que los ataques aéreos pasaron de apenas 2 en 2024 a 138 en 2025, una tendencia que continuó sin pausa durante los primeros meses de 2026, cuando se registraron al menos 18 bombardeos adicionales entre enero y marzo, la mayoría concentrados en el estado de Jonglei. Además, las elecciones, que debían celebrarse en 2024, fueron postergadas hasta diciembre de 2026, mientras el proceso político permanece estancado. Riek Machar se encuentra bajo arresto domiciliario desde marzo del 2025, después de que el llamado Ejército Blanco, una milicia informal de combatientes Nuer, derrotara a una guarnición del gobierno sursudanés. El acuerdo de paz de 2018 colapsa lentamente.
A esta inestabilidad estructural se suma un factor externo que agrava la situación: la guerra en el Sudán vecino. Desde que estalló el conflicto en Jartum en abril de 2023, más de un 1,3 millones de personas han cruzado la frontera hacia Sudán del Sur huyendo de la violencia, en parte porque el gobierno sursudanés mantiene una política de fronteras abiertas para todo aquel que llegue desde Sudán. El problema es que esa ayuda se brinda en un país que ya está en una situación crítica: la población recién llegada se suma a zonas con altísimos niveles de pobreza, infraestructura mínima y un Estado que apenas puede sostenerse, lo que multiplica la presión sobre los recursos disponibles.
Una crisis humanitaria interminable
En 2026, la situación humanitaria en Sudán del Sur ha empeorado considerablemente. Según el Banco Mundial, el país acumula una tasa de pobreza del 92%, resultado de décadas de guerra, corrupción e infraestructura inexistente. Y las cifras de este año son devastadoras: más de 7,8 millones de personas se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, mientras que 2,2 millones de niños sufren desnutrición aguda. Casi 10 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente. El sistema de salud está al borde del colapso, justo cuando la ayuda internacional cae a su nivel más bajo desde la independencia del país. La Organización Internacional para las Migraciones alertó en febrero de una brecha financiera de 29 millones de dólares sólo para su respuesta humanitaria en el país.
Sudán del Sur es, paradójicamente, un país rico en recursos naturales: posee una de las zonas agrícolas más ricas de África, con suelos fértiles y abundantes recursos hídricos, yacimientos de oro, plata, diamantes, cobre y reservas de petróleo. Pero para poder exportar su petróleo, depende de los oleoductos que atraviesan el Sudán en guerra, los cuales fueron dañados por bombardeos en 2025, cortando uno de los pocos ingresos con los que contaba el Estado.
Las implicancias para la seguridad regional
El conflicto en Sudán del Sur no es un problema exclusivamente interno. Sus efectos se propagaron por toda África subsahariana, afectando a Uganda, Etiopía, la República Centroafricana y Chad. El flujo de refugiados y desplazados presiona los recursos de países vecinos que ya enfrentan sus propias fragilidades. La posibilidad de que los conflictos de Sudán y Sudán del Sur terminen fusionándose en las regiones fronterizas constituye una amenaza real para la estabilidad de toda la región del Cuerno de África y el África Central. Como señalan analistas de seguridad regional, Sudán y Sudán del Sur, a pesar de la separación, continúan unidos social, política y económicamente: lo que ocurre en uno inevitablemente impacta en el otro.
¿Por qué nadie habla de esta guerra?
La portavoz del Programa Mundial de Alimentos para Sudán, Leni Kinzli, lo dijo sin eufemismos: “Sudán, por desgracia, no está olvidado, sino que está ignorado”. La misma lógica aplica a Sudán del Sur. Este país no es exactamente una guerra olvidada. El término “olvido” supone que hubo atención previa, que en algún momento el conflicto estuvo en la agenda y después perdió relevancia. Lo que ocurre acá es distinto: esta guerra nunca llegó a ocupar un lugar central en la conversación internacional, ni siquiera en sus momentos más graves.
Esto se explica por cómo funciona la agenda mediática y política global, que no responde necesariamente a la magnitud del sufrimiento sino a otros factores: la relevancia geoestratégica del país, la cercanía cultural o económica con las potencias occidentales, y la competencia directa con otras crisis en curso, como Ucrania o Gaza. Sudán del Sur no tiene petróleo estratégico para Occidente, no es un socio comercial relevante y no representa una amenaza directa para ningún bloque de poder. Esa combinación lo deja fuera del radar.
El resultado es una guerra que sigue su curso casi sin testigos externos: sin cobertura sostenida, sin presión diplomática significativa y con una respuesta humanitaria que depende de fondos cada vez más escasos. Mientras esos factores no cambien, es difícil esperar que la situación de Sudán del Sur ocupe el lugar que su gravedad debería garantizarle.
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