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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó al exdiputado Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto por el delito de coacción a la justicia, al considerar probado que intentó influir en procesos judiciales relacionados con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, mediante gestiones realizadas ante autoridades de Estados Unidos. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Primera Sala del máximo tribunal y representa un nuevo capítulo en la batalla política y judicial que rodea al bolsonarismo desde las elecciones presidenciales de 2022.
Según la sentencia, Eduardo Bolsonaro utilizó su red de contactos políticos en Washington para promover sanciones internacionales contra magistrados del STF y medidas de presión económica sobre Brasil. Los jueces concluyeron que esas acciones tenían como objetivo influir en los procesos judiciales que investigaban y posteriormente condenaron a Jair Bolsonaro por su participación en la denominada “trama golpista” vinculada a los hechos posteriores a su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro buscó promover las sanciones económicas a Brasil por parte de Estados Unidos
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, sostuvo que las actividades desarrolladas por el exdiputado excedieron claramente los límites de la acción política legítima. “Ningún diputado federal tiene entre sus funciones hacer lobby en el exterior contra su propio país”, afirmó durante la lectura del fallo. El tribunal consideró que la presión ejercida mediante pedidos de sanciones, restricciones de visados y la invocación de mecanismos como la Ley Magnitsky configuró una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial brasileño.
En este sentido, las investigaciones demostraron que Eduardo Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos en febrero de 2025 y mantuvo contactos con sectores políticos cercanos al presidente Donald Trump. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el exlegislador buscó promover medidas de presión diplomática y económica contra Brasil, incluyendo el respaldo a aranceles sobre exportaciones brasileñas y sanciones dirigidas contra integrantes del Supremo Tribunal Federal. Los magistrados entendieron que esas iniciativas tenían como finalidad alterar el curso de los procedimientos judiciales en marcha.
El bolsonarismo rechaza las acusaciones del STF
La defensa argumentó que Eduardo Bolsonaro carecía de capacidad real para determinar decisiones de política exterior estadounidense y sostuvo que sus actividades estaban protegidas por la libertad de expresión y la interlocución política. Sin embargo, el STF rechazó esa interpretación y consideró que el delito quedó configurado por la naturaleza de las presiones ejercidas y por el efecto intimidatorio que buscaban generar sobre los jueces responsables de los procesos. El tribunal también descartó los pedidos de nulidad presentados por la defensa.
Además de la pena de prisión, el fallo impuso una multa económica y estableció ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia aún puede ser apelada, pero representa un duro revés para uno de los principales referentes internacionales del bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro permanece actualmente en Estados Unidos y, según diversos medios brasileños, podría enfrentar su detención en caso de regresar al país mientras la condena permanezca vigente.
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