El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva habria decidio congelar parte del presupuesto destinado a Defensa, obligando al Ejército de Brasil a suspender operaciones de vigilancia y monitoreo en las fronteras del país. Según informó CNN Brasil citando fuentes vinculadas a las actividades militares, la medida se produce en un momento de mayor preocupación por la expansión del crimen organizado transnacional y coincide con una nueva controversia diplomática entre Brasil y Estados Unidos en torno a la lucha contra las principales organizaciones criminales brasileñas.
Foto: Paulo Henrique/SESP
En este sentido, el recorte formaría parte de un congelamiento presupuestario más amplio de aproximadamente 4.300 millones de reales destinado al área de Defensa para 2026. De ese monto, cerca de 1.500 millones de reales correspondían al Ejército, que mantenía operaciones permanentes de control en regiones fronterizas consideradas estratégicas para combatir el tráfico de drogas, armas, contrabando y otras actividades ilícitas. Fuentes consultadas por CNN indicaron que la reducción de recursos afectó directamente la continuidad de algunas de estas misiones.
Lo cierto es que esta posible suspensión de actividades ocurre en un contexto especialmente delicado para la seguridad regional. Las extensas fronteras terrestres de Brasil, que limitan con diez países sudamericanos, constituyen corredores utilizados por organizaciones criminales para el transporte de cocaína procedente de los países andinos y para el flujo de armas y mercancías ilegales hacia los grandes centros urbanos brasileños. Durante la última década, las Fuerzas Armadas desemepeñaron un papel complementario a las fuerzas policiales mediante operaciones de vigilancia, inteligencia y control territorial en áreas remotas de difícil acceso.
Alertan sobre la sofisticación y el crecimiento de las facciones criminales en Brasil
Organismos de inteligencia brasileños ya emitieron alertas sobre la creciente sofisticación de las facciones criminales. Investigaciones recientes de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro señalaron que integrantes del Comando Vermelho habrían buscado adquirir conocimientos sobre operación de drones, combate urbano y nuevas tecnologías de vigilancia. Según los informes, algunos miembros de la organización habrían viajado a Ucrania inclusive para observar tácticas empleadas en el conflicto y posteriormente replicar parte de esos conocimientos en territorios controlados por la organización en Brasil.
Las autoridades brasileñas también investigan el uso de drones de gran capacidad para transportar armas, drogas y municiones entre áreas dominadas por organizaciones criminales. Los reportes indican que algunos vehículos aéreos no tripulados podrían transportar cargas de hasta 80 kilogramos y operar a distancias superiores a los 10 kilómetros, ampliando significativamente las capacidades logísticas de las redes criminales y reduciendo su exposición a operativos policiales convencionales.
Aumenta la presión de EE.UU. sobre Lula tras la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas
Lo cierto es que esta situación también adquiere una dimensión internacional adicional tras la decisión de la administración de Donald Trump de designar oficialmente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas extranjeras. El anuncio, respaldado por el secretario de Estado Marco Rubio, amplía las facultades de Washington para imponer sanciones financieras, restricciones económicas y mecanismos de cooperación internacional contra ambas estructuras criminales. Para Estados Unidos, estas organizaciones representan amenazas transnacionales vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
Sin embargo, el gobierno brasileño rechazó la clasificación estadounidense. Lula sostuvo que Brasil combate desde hace años a estas organizaciones mediante sus propias instituciones y cuestionó que una potencia extranjera adopte medidas unilaterales sobre un problema que considera de jurisdicción nacional. En un comunicado oficial, el gobierno afirmó que la decisión podría generar consecuencias indeseadas para la cooperación bilateral en materia de seguridad y afectar principios vinculados a la soberanía nacional.