El alto el fuego entre Israel y Líbano entró en vigor el 16 de abril de 2026. El comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos lo describió como “un gesto de buena voluntad del Gobierno de Israel para posibilitar negociaciones de buena fe hacia un acuerdo de paz y seguridad permanente”. La tregua inicial era de diez días, renovables si se demostraba progreso. Un mes después, el 15 de mayo, las delegaciones de Israel y Líbano se reunieron durante dos días en Washington mediadas por el gobierno de Donald Trump, y acordaron prorrogar por otros 45 días.
Pero el acuerdo enfrentaba una limitación desde el primer día: Hezbolá no fue signatario del texto. Este, le asignaba al Estado libanés la responsabilidad de “tomar medidas significativas para evitar que Hezbolá y otros grupos armados no estatales lleven a cabo ataques u hostilidades contra objetivos israelíes”. Esa disposición reflejaba una de las principales dificultades de cualquier negociación en el frente libanés: mientras el gobierno de Beirut puede asumir compromisos diplomáticos, Hezbolá mantiene una estructura militar y una capacidad de decisión propias.
Durante las semanas posteriores al anuncio, tanto Israel como Hezbolá denunciaron acciones de la otra parte. Israel acusó al grupo de continuar lanzando cohetes, drones y otros ataques contra su territorio y sus fuerzas, mientras que Hezbolá sostuvo que sus operaciones responden a acciones militares israelíes en el sur del Líbano. Por su parte, Israel invocó la cláusula que le reservaba “el derecho de tomar todas las medidas necesarias en defensa propia, en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso”.
Sin embargo, no era la primera vez que un alto al fuego enfrentaba dificultades para consolidarse. El acuerdo alcanzado en noviembre de 2024 contemplaba una serie de medidas destinadas a reducir la tensión en la frontera: la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano en un plazo de 60 días, el despliegue del ejército libanés en las zonas fronterizas y una mayor supervisión estatal sobre la presencia de grupos armados y el flujo de armamento en la región.
A pesar de esto, la implementación del acuerdo avanzó de forma desigual. Israel sostuvo que Hezbolá mantuvo infraestructura militar y capacidad operativa en áreas donde debía aumentar el control del Estado libanés. Hezbolá, por su parte, denunció continuas operaciones militares israelíes y cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por Jerusalén. Como resultado, varios de los objetivos centrales del acuerdo quedaron incompletos y los incidentes armados continuaron registrándose de forma periódica. En ese contexto, un análisis del Israel Policy Forum señalaba que una parte importante de la opinión pública israelí observaba la tregua con escepticismo. Según una encuesta citada por la organización, cerca del 60% de los consultados consideraba probable que el alto el fuego durara solo unos meses.
¿Quién es Hezbolá y por qué es clave para la seguridad del norte de Israel?
Hezbolá es un movimiento chiita fundado en 1982 durante la guerra civil libanesa, en el contexto de la invasión israelí del Líbano y con apoyo de Irán a través de la Guardia Revolucionaria. Con el paso de los años desarrolló una estructura singular que combina tres dimensiones: partido político, red de servicios sociales y organización armada.
En el plano político, participa en el Parlamento libanés y ha integrado distintas coaliciones de gobierno. Además, mantiene una extensa red de asistencia social, con escuelas, centros de salud y programas de ayuda que le han permitido consolidar influencia en diversas comunidades, especialmente entre la población chiita.
Al mismo tiempo, conserva una estructura militar independiente del Estado libanés. Estados Unidos y varios países occidentales lo consideran una organización terrorista, mientras que otros gobiernos distinguen entre su ala política y su ala militar. Su capacidad militar y su estrecha relación con Irán lo han convertido en uno de los principales actores no estatales de Oriente Medio y en el principal adversario de Israel en la frontera norte.
Esa doble condición (actor político dentro del sistema libanés y fuerza armada autónoma) explica por qué los acuerdos negociados entre Israel y el gobierno de Líbano suelen enfrentar dificultades para implementarse plenamente sobre el terreno.