El gobierno de Bolivia anunció que solicitará la expulsión inmediata de ciudadanos argentinos acusados de intervenir en asuntos internos del país, en medio de la crisis política y social que atraviesa la administración de Rodrigo Paz Pereira. La medida fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, quien afirmó que se actuó en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Migración.
Según la versión oficial difundida por autoridades bolivianas, los ciudadanos argentinos habrían participado en actividades políticas vinculadas a sectores movilizados, incluyendo reuniones y ampliados sindicales donde se impulsaron consignas contra el Gobierno. La Cancillería sostuvo que algunos de ellos ingresaron al país bajo condición migratoria de turistas, pero luego realizaron actividades consideradas como injerencia en la política nacional.
“Se han aplicado los mecanismos para solicitar la salida inmediata de este tipo de personas que están viniendo a incitar”, afirmó Aramayo, al referirse a la presencia de ciudadanos extranjeros en escenarios de protesta interna. El canciller también sostuvo que estos hechos forman parte de un proceso de desestabilización contra la democracia boliviana.
La decisión se produce luego de que circularan en redes sociales videos y fotografías de ciudadanos argentinos participando en actividades relacionadas con la Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados. En uno de esos registros, un dirigente argentino expresó apoyo a las protestas y vinculó consignas contra el gobierno boliviano con consignas políticas contra el presidente argentino Javier Milei.
El punto central del caso no es solo migratorio, sino diplomático. Bolivia acusa a ciudadanos extranjeros de intervenir en una coyuntura interna marcada por bloqueos, movilizaciones y exigencias de renuncia al presidente Paz Pereira. Para el Gobierno, la presencia de activistas extranjeros en espacios de deliberación social no constituye una simple expresión de solidaridad política, sino una interferencia en asuntos internos.
Aramayo cuestionó que organizaciones bolivianas permitan el ingreso de actores extranjeros a ampliados y reuniones internas en un momento de alta tensión política. Según su planteo, la participación de ciudadanos no bolivianos en actividades que promueven la radicalización de las protestas refuerza la tesis oficial de que existe un intento de desestabilización.
La acusación se inscribe en una línea que el Gobierno boliviano viene sosteniendo en las últimas semanas: denunciar supuestas injerencias externas en medio de la crisis. En mayo, la Cancillería ya había anunciado medidas contra una dirigente política argentina que participó en actividades de apoyo a sectores movilizados, señalando que habría ingresado al país bajo una condición migratoria incompatible con la actividad política desplegada.
También se suma al deterioro del clima diplomático regional. Bolivia ya había tenido cruces con Colombia por declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación interna boliviana, que La Paz consideró una intromisión en sus asuntos internos. En ese contexto, el caso de los ciudadanos argentinos aparece como un nuevo capítulo de una disputa más amplia: hasta dónde llega la solidaridad política internacional y cuándo pasa a ser considerada injerencia por un Estado.
Desde la perspectiva boliviana, el argumento oficial se apoya en dos elementos: el uso de una condición migratoria presuntamente turística para participar en actividades políticas y la presencia de extranjeros en reuniones donde se promovieron consignas contra el Gobierno. Desde una lectura más amplia, el caso abre una discusión sobre los límites entre libertad de expresión, militancia transnacional, cobertura periodística, activismo político e intervención en procesos internos de otro país.
El Gobierno también apuntó contra el uso de credenciales o argumentos vinculados a la libertad de expresión para justificar la presencia de extranjeros en actividades de alta sensibilidad política. Según reportes locales, algunas de las personas señaladas se presentaron como vinculadas a tareas de prensa, aunque las autoridades cuestionaron que no se verificaran labores periodísticas visibles durante los hechos observados.
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