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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó el atentado en su contra sucedido en el hotel Washington Hilton el sábado 25 para apurar la obra de su amplio salón de baile adyacente a la Casa Blanca. El proyecto, que será más amplio que la sede del Poder Ejecutivo norteamericano, fue financiado por compañías privadas y fondos públicos, ya que también incluye un búnker preparado para las amenazas modernas.
Pero el intento de magnicidio que sufrió Trump estuvo lejos de ser un ataque sofisticado. Un hombre de 31 años originario de California, identificado como Cole Allen, buscó pasar corriendo por el punto de control montado por el Servicio Secreto en el piso inferior a las escaleras que llevan al Salón Internacional del hotel capitalino. Allí, el presidente y la primera dama, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios de la administración Trump participaban de la gala anual en honor a los corresponsales y medios de comunicación acreditados en la Casa Blanca. El sospechoso, que estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, hirió a un agente de seguridad pero fue detenido por otros sin recibir heridas por arma de fuego, aunque sí se produjeron disparos que resonaron en el salón donde se llevaba adelante el evento y motivaron la extracción de los políticos para ser puestos a resguardo.
Trump usa el atentado en su contra para apurar la obra de su amplio salón de baile en la Casa Blanca
El intento de asesinato, del que se presume que Trump era el objetivo, motivó al presidente republicano a insistir con la necesidad de avanzar en la construcción de un imponente salón de baile en Washington D.C., cuyas obras ya empezaron con la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, pero enfrenta complicaciones legales y dudas sobre su financiamiento.
“Lo que pasó la noche anterior es exactamente la razón por la que nuestras Fuerzas Armadas, Servicio Secreto, Policía y, por diferentes razones, cada presidente durante los últimos 150 años, ha estado DEMANDANDO que un gran, protegido y seguro salón de baile se construya EN LOS TERRENOS DE LA CASA BLANCA”, escribió el presidente el pasado domingo 26 en su cuenta de Truth Social. “No puede ser construido lo suficientemente rápido”, agregó.
El pedido presidencial llega una semana después de que un juez federal escribiera un nuevo capítulo judicial en la accidentada historia del salón de baile, al fallar que Trump estaba intentando modificar unilateralmente una estructura pública sin pasar por el Congreso, amparándose en un criterio laxo de “seguridad nacional”.
El juez Richard J. Leon había fallado previamente que se podía continuar con la construcción del búnker subterráneo, alcanzado por los criterios de seguridad nacional, pero que estos no incluían la obra sobre la superficie, por más que los abogados gubernamentales esgrimieran que la colocación de componentes estándar de seguridad como ventanas blindadas lo ponían en la misma categoría. “La seguridad nacional no es un cheque en blanco para proceder con lo que de otra manera sería una actividad ilegal”, expresó el magistrado en su fallo, que quedó en suspenso mientras una corte de apelaciones federal revisa la decisión. Por lo tanto, las obras continúan, aunque de manera incierta.
El salón de baile proyectado tendrá capacidad para 1000 asientos y costará USD 400 millones, que el presidente Trump aseguró provendrán de donantes privados. Aunque no se los identificó oficialmente, medios de comunicación reportaron que entre los aportantes hay compañías tecnológicas como Meta, Google y Amazon, así como empresas del sector armamentístico como Lockheed Martin. Sin embargo, la línea entre aportantes públicos y privados se vuelve borrosa al considerar las obras ya realizadas sobre el terreno público, como la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, y la conjunción de un proyecto subterráneo -el bunker- con el del salón de baile en la superficie.
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