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- Críticas de organismos internacionales sostienen que la operación militar de Estados Unidos podría reforzar dinámicas represivas internas y erosionar estándares de derechos humanos en la región.
- Human Rights Watch y Amnistía Internacional cuestionan la legalidad del uso de la fuerza y advierten sobre riesgos para el orden jurídico internacional y la rendición de cuentas.
- Persisten denuncias sobre detenciones arbitrarias y abusos bajo autoridades venezolanas, junto con llamados a liberar presos políticos y garantizar libertades civiles.
Distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos cuestionaron el impacto político y jurídico de la operación militar de la administración Trump en Venezuela a comienzos de 2026, señalando que el episodio podría reforzar dinámicas represivas internas y tensionar el marco del derecho internacional. Las evaluaciones surgen en un contexto regional marcado por debates sobre seguridad, migración y gobernanza democrática.
En consecuencia, el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch, sobre la situación en Venezuela, resalta que el ataque podría haber “consolidado un gobierno represivo, siempre que sirva a los intereses políticos y empresariales de Estados Unidos”, además de contribuir a una erosión más amplia de los estándares regionales. La directora para las Américas, Juanita Goebertus, sostuvo que la influencia de Washington en su primer año de gestión fue “indudablemente negativa”, aunque enfatizó la responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos en la defensa institucional de los derechos humanos.
En este sentido, el informe sitúa este episodio en un patrón regional más amplio, caracterizado —según la organización— por restricciones al asilo político, abusos contra migrantes deportados y la expansión de políticas de seguridad basadas en arrestos masivos o despliegues militares. También se cuestiona la consistencia de la política exterior de Estados Unidos al denunciar violaciones en algunos países y omitir críticas en otros aliados.
Siguiendo este orden de ideas, Amnistía Internacional consideró que la operación del 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza bajo el derecho internacional. Su secretaria general, Agnès Callamard, afirmó que “la operación militar estadounidense en Venezuela constituye una clara violación de la Carta de la ONU” y advirtió que podría debilitar el orden basado en normas y consolidar prácticas represivas sin abordar responsabilidades previas.
En consonancia, ambas organizaciones consideran que la salida del gobierno de Nicolás Maduro no implicó la desarticulación del aparato de seguridad estatal, sino que persisten detenciones arbitrarias, vigilancia e intimidación bajo la conducción interina de Delcy Rodríguez, y hacen un llamamiento a liberar presos políticos y garantizar libertades civiles. En ese marco, remarcan la necesidad de una rendición de cuentas integral, advirtiendo que sin reformas estructurales existe riesgo de consolidar la impunidad en lugar de avanzar hacia la justicia para las víctimas.
