Una semana después del tercer envío masivo de reos a Washington, la presidenta Sheinbaum reafirmó en su conferencia “Mañanera” que México mantendrá a las fuerzas de EE. UU. fuera de operaciones en territorio nacional. Sin embargo, este re-anuncio de cooperación bilateral ocurre en un clima de alta tensión: el gobierno mexicano enfrenta no solo el descontento de Donald Trump respecto a la gestión del narcotráfico y su amenaza de intervención directa, sino también un desafío estructural interno. La resiliencia de los grupos criminales revela que la soberanía mexicana se encuentra bajo una presión multidimensional, marcada por la fragmentación del control estatal y una crisis de legitimidad que amenaza la estabilidad del gobierno en CDMX.
La lucha contra el narcotráfico: La presión desde las prioridades de Washington
Tras designar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el año pasado, Donald Trump consolidó en su Estrategia de Seguridad Nacional la premisa de que EE. UU. debe liderar el desmantelamiento de las amenazas en el hemisferio —enfocándose primordialmente en el narcotráfico y sus rutas hacia el norte— Aunque la presidenta Sheinbaum ha sostenido encuentros de alto nivel con el mandatario en un esfuerzo por gestionar los intereses estadounidenses mediante la vía diplomática, tanto el presidente como su secretario de Estado reiteran, de forma periódica, la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para ejecutar acciones directas bajo sus propios términos.
“Vamos a atacar a los carteles. Conocemos sus rutas, lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. –declaró Donald Trump en una entrevista exclusiva a NY Post, advirtiendo que estas intervenciones podrían ocurrir en México, Colombia, y otros países caribeños.
Dicha presión encuentra su mayor efectividad en la alta vulnerabilidad comercial de México. Al consolidarse como el socio principal de EE.UU en 2025, México sostendría la estabilidad de su PIB en la permanencia de las inversiones y fábricas estadounidenses en su territorio. Sin embargo, esta integración en la cadena de valor norteamericana depende de un factor volátil: la percepción de seguridad. Washington ya ha comenzado a utilizar esta dependencia al agendar la revisión del T-MEX en julio de 2026, sugiriendo que la continuidad de nearshoring a México y las ventajas de acceso al mercado norteamericano están condicionados a que México garantice un entorno libre de control criminal. Para la administración de Sheinbaum, cualquier deterioro en la reputación securitaria del país no solo sería un problema de orden público, sino un riesgo de fuga de capitales que dejaría a México sin su mayor soporte económico frente al exterior.
Ante este escenario, Sheinbaum utiliza el Plan México como su principal mecanismo de defensa soberana. Con metas hacia 2030, el proyecto busca fortalecer el sector industrial para que México sea un agente indispensable en las cadenas de valor regionales. El objetivo estratégico es elevar el costo de una intervención unilateral estadounidense: si la economía de Washington depende críticamente de los suministros mexicanos, la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía dejarían de ser una mera opción diplomática para convertirse en una necesidad económica mutua.
La gobernabilidad inestable: El alza de la criminalidad y el descontento social
Además de gestionar el descontento de EE.UU, México enfrenta el reto de desmantelar redes criminales que se habrían expandido a una velocidad no anticipada. Si bien la administración Sheinbaum reportó una reducción activa de homicidios y actividades delictivas, en el mismo día el Departamento de Estado de EE. UU. calificó como “inaceptable” dicho progreso. La realidad es que a fines de 2025, la SEDENA concluyó que el 75% del territorio nacional ha registrado la presencia de al menos un cártel. Este nivel de control territorial ha reconfigurado la sociedad mexicana, donde el ciudadano ha de moldearse a la autoridad fragmentada entre el Estado y las redes criminales en su localidad.
El crecimiento de estas redes, pese a las estrategias convencionales de captura y persecución, radica en que el narcotráfico ha alcanzado un nivel operacional similar al de las empresas multinacionales. Benjamin Smith, historiador especialista en cárteles, sostiene que mientras la demanda de narcóticos en EE. UU. se mantenga, el flujo será gestionado por nuevos actores, independientemente de los líderes que logre detener el gobierno mexicano. Esta resiliencia criminal ha asfixiado el nivel de vida de la ciudadanía: en 2025, el SESNSP registró 11,081 víctimas de extorsión, la cifra más alta en una década. Así, el crimen organizado ha institucionalizado una cotidianidad donde el Estado y los cárteles comparten el control territorial —ninguno con la capacidad suficiente para desplazar al otro definitivamente.
Pese a las implicaciones institucionales de esta fragmentación de poder, el riesgo más crítico emana del agotamiento social. La percepción de inseguridad, sumada al precedente de las recientes intervenciones de Washington en el continente, ha provocado que un sector creciente de la población comience a considerar la intervención extranjera como una alternativa viable ante la crisis de seguridad interna. Si esta erosión de la confianza persiste, México se enfrentaría a una crisis de legitimidad donde el ciudadano revoca su respaldo al pacto federal, convirtiendo la soberanía en un concepto legal vacío de capacidad real en el terreno.
El frente de Latinoamérica: ¿Qué marca México para la región?
Bajo el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, Washington ha dejado claro que la erradicación del narcotráfico en el hemisferio es un objetivo no negociable de su Estrategia de Defensa Nacional 2026. El éxito de la Operación Southern Spear en el Caribe y la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela han sentado un precedente de unilateralismo militar que redefine la seguridad regional. Estas acciones demuestran que, para la actual administración estadounidense, la soberanía de los países latinoamericanos es condicional al cumplimiento de sus objetivos de seguridad. Bajo este esquema, si los cárteles mantienen su expansión territorial, el Pentágono es propenso a forzar una mayor presencia militar en México –independientemente de los acuerdos de bilateralidad securitaria.
Ante este nuevo orden, México se erige como el primer frente de resistencia y mediación en la región. La administración de Sheinbaum, consciente de que la interdependencia económica es su mejor escudo, ha optado por una cooperación pragmática para mitigar el ímpetu unilateral de Trump. Al ser el socio más interconectado y longevo de la región, el éxito o fracaso de México en preservar su autonomía precederá el destino de las relaciones entre Washington y el resto de Latinoamérica. Si la Ciudad de México logra equilibrar la presión externa con resultados internos, se mantendrá un margen de maniobra para los gobiernos latinoamericanos. De lo contrario, el precedente mexicano inauguraría una era donde la política de Washington amenazaría, de facto, la política interna de todo el continente.
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